Una diputada de Santiago ha planteado la necesidad de establecer un grupo de auditores independientes para examinar medidores y recibos de electricidad, así como para atender las quejas ciudadanas por aumentos injustificados en sus tarifas. La propuesta surge tras la presentación de varios casos de usuarios y pequeños comerciantes afectados por incrementos significativos en sus costos eléctricos, lo que, según la legisladora, subraya la urgencia de una fiscalización efectiva.
En Santo Domingo, la diputada Llaniris Espinal, representando la Circunscripción 02 de Santiago, ha sugerido la formación de una comisión compuesta por auditores externos. Su objetivo sería inspeccionar los dispositivos de medición de energía, revisar las facturas disputadas y dar seguimiento a las reclamaciones de ciudadanos que informan incrementos en sus gastos de electricidad.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la representante expuso la situación de un individuo llamado Ramón, quien, según su testimonio, vio su recibo de luz pasar de ochocientos pesos dominicanos a doce mil pesos dominicanos. La diputada argumentó que las características de su vivienda no justificaban tal incremento. Espinal afirmó que el usuario había intentado presentar quejas ante la Superintendencia de Electricidad sin éxito, y añadió que también ha recibido notificaciones de pequeños comerciantes cuyos pagos mensuales ascendieron de dos mil quinientos pesos dominicanos a cifras entre diez mil y doce mil pesos dominicanos.
La legisladora relacionó estas quejas con las dificultades que enfrentan los pequeños negocios y mencionó datos que atribuyó a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los cuales indicarían que más de veinticinco mil pequeños establecimientos cerraron entre los años 2020 y 2025. Sin embargo, durante su alocución, no presentó el reporte específico que permitiría verificar esta cifra ni determinar cuántos cierres estuvieron directamente relacionados con el costo de la energía eléctrica.
Además, la diputada refirió el caso de un párroco de Sabana Iglesia, quien, al llegar a su parroquia, encontró una factura de más de tres mil pesos dominicanos, seguida por otra que superaba los ocho mil pesos dominicanos. Esto ocurrió a pesar de que, según el relato, el templo no disponía de medidores de electricidad.
“Es imperativo que propongamos la creación de una comisión de auditores independientes que revisen los medidores, analicen las facturas en disputa y procesen las denuncias presentadas por los ciudadanos”, declaró Espinal, defendiendo su iniciativa como parte de las responsabilidades de fiscalización del Congreso.
La diputada extendió sus críticas a otros servicios y sectores públicos, como la educación, los fondos de pensiones, la seguridad social y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Considera que los legisladores deben llevar estas problemáticas al debate nacional y asegurar la protección de los intereses de la población.
La propuesta busca que las quejas relacionadas con la facturación eléctrica puedan ser objeto de una evaluación independiente. No obstante, en su discurso, Espinal no especificó cómo se organizaría la comisión, cuáles serían sus competencias ni qué mecanismo permitiría implementar sus recomendaciones.
