Donald Trump ha revelado que el FBI está investigando al CEO de Nvidia, Jensen Huang, por su posible implicación en una operación de espionaje chino. Las sospechas surgieron a raíz de una relación extramatrimonial que Huang mantuvo con una mujer presuntamente vinculada a los servicios de inteligencia chinos. El caso ha escalado de un asunto personal a una preocupación de seguridad nacional, dada la importancia estratégica de Nvidia en la tecnología de inteligencia artificial.
Donald Trump ha posicionado al FBI en el epicentro del escándalo que involucra a Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia. El presidente estadounidense afirmó el lunes 9 de noviembre que la agencia federal estaba llevando a cabo una investigación sobre el asunto, tras la aparición de sospechas sobre una posible operación de espionaje chino relacionada con una mujer con la que el directivo tuvo una relación extramatrimonial. Trump aseguró haber conversado personalmente con Huang, quien le habría manifestado desconocer los presuntos lazos de la mujer con los servicios de inteligencia chinos. Sin embargo, el mandatario no proporcionó detalles sobre el alcance de las pesquisas.
Para comprender la génesis de esta situación, es necesario remontarse al domingo 8 de noviembre. Huang hizo público un mensaje en la página web de Nvidia en el que admitía haber sido infiel a su esposa, ofrecía disculpas a su familia y a la compañía, y se comprometía a colaborar con las investigaciones. Ese mismo día, el consejo de administración anunció la apertura de una investigación independiente para determinar si su máximo responsable había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. La empresa declaró no tener motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense.
Detrás de estas sospechas figura el nombre de Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos de Singapur que adquiere chips a Nvidia. Según informó Financial Times, un memorando elaborado por funcionarios estadounidenses, a partir de información de inteligencia, la vinculaba con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, que supuestamente la habría reclutado para obtener información sobre el ejecutivo. No obstante, el documento no se ha hecho público y las acusaciones no han sido probadas. Por su parte, el Gobierno de Singapur aclaró que no había investigado a Alice Huang por sus supuestos vínculos con Pekín, aunque confirmó que las pesquisas sobre Megaspeed seguían abiertas.
El interés del caso trasciende con creces la vida privada de un directivo. Es bien sabido que Nvidia ocupa una posición crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial gracias a sus chips, una tecnología cuyo acceso Estados Unidos intenta controlar mediante restricciones a las exportaciones hacia China. Huang ha realizado gestiones ante Washington para flexibilizar esas limitaciones y conseguir permisos para comercializar modelos como el H200, un procesador avanzado que no se encuentra entre los más recientes de la compañía. Según documentación presentada por Nvidia ante la SEC, el Gobierno estadounidense autorizó ventas limitadas de este modelo a determinados clientes chinos, si bien Pekín también ha impuesto restricciones a su comercialización.
La controversia también ha generado reacciones oficiales a ambos lados del Pacífico. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, rechazó las acusaciones de espionaje, calificándolas de infundadas e intentos de desacreditar a China. Mientras tanto, en Estados Unidos, los presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes habían solicitado días antes una sesión informativa a puerta cerrada con Huang para el 18 de noviembre. Su objetivo es conocer los contactos del ejecutivo con Alice Huang y las medidas de Nvidia frente al espionaje extranjero. Se trata de una petición parlamentaria, no de una determinación de culpabilidad.
Mientras todo esto se desarrolla, las acciones de Nvidia cayeron un 4,3% al cierre del lunes 9 de noviembre, lo que redujo su capitalización bursátil en aproximadamente 190.000 millones de dólares, según Reuters. Apenas cinco minutos después del cierre del mercado, se presentó una demanda contra la empresa y su consejero delegado, impulsada por accionistas que buscan tramitarla como acción colectiva y que los acusan de haber ocultado información relevante. Mientras avanzan las investigaciones, sigue sin estar claro si hubo acceso a información sensible y qué consecuencias podría tener todo esto para el futuro de la compañía.