Un empresario hostelero y su testaferro han sido condenados a un total de cinco años de prisión y multas e indemnizaciones que superan los 1,5 millones de euros por defraudar a la Seguridad Social. La sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba revela un entramado societario que sistemáticamente dejó de pagar las cotizaciones de sus trabajadores durante ocho años. Ambos condenados también enfrentan inhabilitación para recibir ayudas públicas.
Ciertas deudas, por más que se intenten ocultar, dejan una huella ineludible. Un empresario hostelero mantuvo oculta una deuda durante ocho años, detrás de la cual se articulaba un esquema: por un lado, una sociedad que contrataba, dejaba de cotizar y luego se disolvía; por otro, una segunda sociedad que asumía el relevo. El desenlace, según reportes, ha culminado con penas de cárcel de cinco años para los dos implicados y un monto superior a 1,5 millones de euros en multas e indemnizaciones, conforme a la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, aunque el proceso aún no es definitivo.
Entre 2013 y 2021, el principal implicado, identificado como Á.V.C.Á., gestionó un esquema empresarial en el sector de la hostelería que, de forma sistemática, omitió el pago de las cotizaciones de sus empleados, generando un perjuicio de 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La sentencia le impone tres años de prisión: dos años y una multa de 300.000 euros por el delito contra la Seguridad Social, sumado a un año y otros 300.000 euros por el impago de sus propias cuotas de autónomo. También se ha comprobado que recibieron pagos por diversos eventos en efectivo no declarado.
El segundo condenado, J.U.N., empresario de Lucena, afronta una pena de dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros en calidad de coautor. La Audiencia lo describe como un “testaferro o tercero interpuesto de manual”, es decir, una persona que prestaba su nombre para que la verdadera gestión permaneciera en la sombra. Ambos están inhabilitados por un periodo de cinco años para acceder a cualquier tipo de subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
El total de las deudas, calculado a partir de los datos de la sentencia, asciende a 1.506.615 euros. Las multas suman 900.000 euros (600.000 del principal y 300.000 del testaferro). En el ámbito civil, el principal condenado debe indemnizar a la TGSS con 361.896,06 euros y el segundo con 244.719,25 euros por las deudas de una de las empresas. La suma de estas dos indemnizaciones iguala los 606.615,31 euros defraudados.
Inicialmente, la Fiscalía había solicitado 23 años de prisión para cuatro acusados, incluyendo 10 para el principal y 7 para el testaferro, además de multas millonarias. Durante el juicio, la petición se redujo a 4 y 3 años, respectivamente, al considerarse la atenuante de reparación del daño, dado que algunos de los implicados habían abonado parte de la responsabilidad civil. Estas solicitudes incluían un año por frustración de la ejecución, el delito de ocultación de bienes para evitar el pago, del cual la sentencia absuelve a ambos condenados, a la hija del principal y a otra persona. De ahí que las condenas finales sean de 3 y 2 años. La defensa, por su parte, solicitó la apreciación de dilaciones indebidas debido a los 3 años transcurridos entre el auto de transformación, en 2023, y la vista oral, en 2026. La sentencia aplica esta atenuante junto con la de reparación parcial del daño. Durante el juicio, el acusado principal llegó a culpar a la Administración por la quiebra de sus empresas.
El Código Penal sanciona la defraudación a la Seguridad Social cuando las cuotas impagadas superan los 50.000 euros en un periodo de cuatro años naturales, con penas de hasta 5 años de prisión. La pena se agrava, de 2 a 6 años, si el monto excede los 120.000 euros, si se actúa en el seno de una organización o grupo criminal, o si se utilizan personas interpuestas que dificultan la identificación del responsable, como en el caso de los testaferros. Por lo tanto, un simple impago no siempre constituye un delito, ya que los tribunales suelen requerir algo más que la mera falta de abono.
Esta no es la primera vez que ocurre un caso similar en la región. En octubre de 2025, otro hostelero de Córdoba fue condenado a 2 años de cárcel y una multa de 620.000 euros, además de 463.939,56 euros de indemnización (más de un millón en total), por impagos entre 2009 y 2018, utilizando sociedades ficticias y a sus hijas como administradoras nominales. En el verano de 2025, el Tribunal Supremo confirmó una condena de seis años y dos meses para un empresario cordobés que mantuvo a 39 empleados dados de alta sin pagar sus cotizaciones a través de 7 sociedades y que, además, simuló contratos para que otras personas cobraran prestaciones de forma fraudulenta.
Actualmente, la sentencia es de primera instancia, lo que significa que puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hasta el 9 de noviembre, no se ha comunicado si ha sido recurrida ni si los condenados ingresarán en prisión; la defensa solicitó la suspensión de la ejecución de la pena y presentó un plan de pagos a la Seguridad Social. En el ámbito económico, los montos no cotizados por las sociedades están pendientes de recuperación (606.615,31 euros a la TGSS, de los cuales consta un ingreso previo de 40.000 euros y el compromiso de pagar 2.000 euros mensuales).
