A pocos días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), la organización Prisoners Defenders reportó que Cuba mantiene encarceladas a 1,306 personas por motivos políticos al cierre de junio de 2026, la cifra más alta registrada por la entidad. El informe también destaca que 40 de estos detenidos eran menores de edad al momento de su arresto, y 16 de ellos aún permanecen en prisiones para adultos, evidenciando un aumento en la represión en la isla.
Cercano al quinto aniversario de las manifestaciones ocurridas el 11 de julio de 2021 (11J), la agrupación Prisoners Defenders comunicó que 1,306 individuos permanecían privados de libertad por razones políticas en Cuba hasta finales de junio de 2026. Esta cifra representa el número más elevado documentado por la entidad desde que inició el registro de estos casos. En su reporte mensual, la organización también indicó que 40 de estos prisioneros fueron arrestados siendo menores de edad, la cantidad más alta registrada hasta la fecha. De estos, 16 continúan recluidos en centros penitenciarios para adultos.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, aseveró que estos datos reflejan un nuevo hito en la represión dentro de la isla, justo antes de la conmemoración de las movilizaciones del 11J, consideradas las protestas más grandes acontecidas en Cuba desde 1959.
Reportan 32 nuevos casos en junio
Según el informe, durante el mes de junio se confirmaron 32 nuevos prisioneros políticos, mientras que otros 21 casos siguen bajo investigación. La organización sostiene que los arrestos ya no se enfocan únicamente en manifestantes o activistas políticos, sino que también afectan a periodistas, creadores de contenido, artistas, líderes religiosos, médicos y jóvenes, con el objetivo —según afirma— de prevenir nuevas movilizaciones ciudadanas.
Denuncian detenciones tras protestas por apagones
Entre los casos documentados se encuentra el del rapero y activista Andrés Matos Alcántara, conocido como “MC K-LIBRE”, quien fue detenido el 25 de junio tras presentarse a una citación policial, luego de las protestas registradas en el reparto Barbosa, en La Habana, debido a los cortes de energía y la crisis económica. Prisoners Defenders asegura que las autoridades lo acusan de ser el líder de las manifestaciones, una versión que su familia desmiente. La organización también denunció que durante varios días se desconocía su paradero y que posteriormente fue trasladado a la prisión de Valle Grande a pesar de sufrir enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.
El informe también incluye la detención de los hermanos Yoan Arévalo Álvarez y Yosban Arévalo Álvarez, arrestados durante las mismas protestas. De acuerdo con la organización, ambos habrían sido agredidos durante su captura y uno de ellos sufrió fracturas y otras lesiones sin recibir atención médica. Asimismo, Prisoners Defenders denunció una operación policial llevada a cabo el 22 de junio en los barrios La Cuba y Maffo, en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, donde fueron detenidos 10 jóvenes, entre ellos seis menores de entre 15 y 17 años.
Denuncian deterioro de la salud de los presos
El reporte indica que 458 prisioneros políticos padecen enfermedades graves o crónicas, mientras que 53 presentan trastornos de salud mental severos previos a su encarcelamiento. La organización sostiene que la falta de atención médica constituye un mecanismo de presión dentro del sistema penitenciario cubano y expone, entre otros casos, los de Carlos Alberto MacDonald Ennis, Juan Enrique Pérez Sánchez y Rolando Yusef Pérez Morera, quienes, según denuncia, presentan un grave deterioro de salud.
Hostigamiento previo al aniversario del 11J
Prisoners Defenders también denunció que, en los días anteriores al aniversario del 11J, activistas y opositores fueron objeto de vigilancia, detenciones temporales y restricciones de movilidad para impedir su participación en actividades públicas. Entre los casos mencionados figuran los de José Elías González Agüero, Alexander Díaz Rodríguez, los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, la activista Anna Sofía Benítez Silvente (“Anna Bensi”) y el pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo.
Cuestiona la falta de presión internacional
En su informe, Prisoners Defenders también atribuyó el aumento de la represión a la ausencia de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. La organización señaló a España, con una referencia explícita al Gobierno de Pedro Sánchez, así como a la Comisión Europea y Canadá, por considerar que no han mantenido una defensa pública y sostenida de las personas que identifica como víctimas de la represión en Cuba. De acuerdo con sus registros, entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron incorporados 264 nuevos prisioneros políticos, un promedio de 22 casos mensuales. Además, afirmó que 193 de las 194 Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas corresponden a casos ocurridos en Cuba.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre las denuncias incluidas en el informe de Prisoners Defenders.
