El Gobierno de México ha anunciado el inicio de procesos legales tanto penales como civiles en Estados Unidos, tras el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo y otros dieciséis ciudadanos mexicanos. Estos decesos ocurrieron durante operativos migratorios o mientras las personas se encontraban bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las autoridades mexicanas buscan establecer responsabilidades y mejorar las condiciones en los centros de detención.
El Gobierno de México comunicó su decisión de iniciar procedimientos legales, tanto en el ámbito penal como civil, dentro de Estados Unidos, a raíz del deceso del migrante Lorenzo Salgado Araujo y otros dieciséis ciudadanos mexicanos. Estos casos están vinculados con operaciones migratorias y personas que se encontraban bajo la supervisión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las autoridades mexicanas indicaron que solicitarán la colaboración de la Fiscalía General de la República para interponer acusaciones formales ante las fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de solicitar investigaciones sobre estas muertes.
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores de México, detalló que estas iniciativas tienen como propósito que se determinen responsabilidades por las muertes de ciudadanos mexicanos registradas durante operativos de ICE o mientras permanecían bajo detención migratoria. “Dejaremos el ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías de Estados Unidos y presentar denuncias sobre estos sucesos, pidiendo que se investigue en el ámbito penal qué fue lo que aconteció”, afirmó Velasco durante la conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
El incidente más reciente concierne a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que falleció el martes después de recibir disparos de un agente de ICE durante una operación migratoria en una parada de tráfico. Según la versión de las autoridades estadounidenses, Salgado Araujo opuso resistencia al arresto e intentó atropellar al agente, quien disparó en “defensa propia”. Sin embargo, los familiares del migrante aseveraron que él era una persona trabajadora que había residido en Estados Unidos por casi 35 años y que sintió temor al percatarse de que vehículos sin identificar lo seguían.
Velasco señaló que, con la muerte de Salgado Araujo, el número de mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con inmigración asciende a 17. De acuerdo con el funcionario, 14 de estos casos ocurrieron mientras estaban bajo la custodia de ICE y tres durante operativos realizados por dicha agencia.
Adicionalmente a las acusaciones penales, México informó que llevará a cabo acciones civiles contra compañías privadas que gestionan centros de detención migratoria en Estados Unidos, donde se han reportado muertes de ciudadanos mexicanos. El Gobierno mexicano enviará comunicados de cese y desista a estos centros para requerir modificaciones en las condiciones que, según las autoridades mexicanas, han provocado vulneraciones de los derechos humanos.
Velasco explicó que México también se presentará, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas de resguardo para los mexicanos detenidos en Estados Unidos. Asimismo, el Gobierno mexicano pedirá la intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en favor de sus ciudadanos en los centros migratorios.
La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que la decisión de avanzar hacia acciones judiciales se tomó después de haber presentado notas diplomáticas de protesta ante Estados Unidos. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. No podemos permanecer indiferentes ante los mexicanos que han perdido la vida en operativos de ICE o que estaban recluidos en estos centros de detención operados por empresas privadas contratadas por ICE”, manifestó la mandataria.
Sheinbaum aseguró que México mantendrá los canales diplomáticos y la comunicación con las autoridades estadounidenses mientras se desarrollan las acciones anunciadas.
