Las fuerzas de seguridad colombianas lograron un golpe significativo contra el narcotráfico al desmantelar un laboratorio de procesamiento de cocaína en Nariño. La operación, que incluyó la incautación de grandes cantidades de droga e insumos químicos, se estima que frustró la producción de toneladas de cocaína y generó pérdidas millonarias para las organizaciones criminales.
La Policía Nacional y el Ejército de Colombia desmantelaron una instalación utilizada para la elaboración de clorhidrato de cocaína en una zona rural del municipio de Rosario, en el departamento de Nariño. Esta operación representa un fuerte golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Durante la intervención, las autoridades confiscaron 423 kilogramos de cocaína, 764 galones de cocaína en solución, 3,265 galones de precursores químicos líquidos y 726 kilogramos de materiales sólidos empleados en la fabricación de la droga. El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que esta acción impidió la producción de aproximadamente tres toneladas mensuales de cocaína, las cuales habrían abastecido los mercados ilegales con más de 1.1 millones de dosis.
Las autoridades calculan que la operación causó pérdidas cercanas a los 1,740 millones de pesos colombianos a las bandas criminales que operan en esa región del suroccidente del país. Según la Policía, el laboratorio contaba con una infraestructura especializada para el procesamiento de cocaína, lo que demuestra la capacidad logística de las redes de narcotráfico presentes en el departamento de Nariño.
Esta acción se suma a otra operación llevada a cabo el 4 de julio en el departamento de Putumayo, donde efectivos del Ejército colombiano destruyeron un laboratorio de procesamiento de cocaína que, según el Ministerio de Defensa, pertenecía a las disidencias de las FARC. En ese operativo se decomisaron 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de equipos e insumos químicos utilizados para la elaboración de la sustancia.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó que este tipo de intervenciones buscan debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales, impedir la adquisición de armamento y reducir su capacidad para llevar a cabo actividades delictivas.
