La oficina del Defensor del Pueblo ha emitido una denuncia formal sobre las deplorables condiciones de higiene y el exceso de detenidos en la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en Santo Domingo Este. Tras una inspección, se documentaron deficiencias graves que comprometen la dignidad de las personas privadas de libertad. Se espera un informe detallado para las autoridades pertinentes, con el fin de buscar soluciones urgentes a esta problemática.
La Defensoría del Pueblo denunció este domingo la presencia de “condiciones antihigiénicas” y el “amontonamiento de personas privadas de libertad” en las instalaciones policiales donde funciona la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en Santo Domingo Este, según informó la entidad este mismo domingo. Luego de una inspección realizada por la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Martich, acompañada por un equipo de abogados de la Secretaría General de la institución, la organización difundió un comunicado con los hallazgos de la visita, la cual se llevó a cabo tras documentar diversas quejas difundidas en los medios de comunicación.
Durante dicha visita, fue posible “verificar” lo siguiente: “el estado de aglomeración de los detenidos; la tardanza en la emisión de las resoluciones necesarias para que los traslados se efectúen a tiempo, y el riesgo que corren algunos detenidos que presentan lesiones y posibles afecciones cutáneas debido a las condiciones insalubres en las que se encuentran las celdas”.
El Defensor del Pueblo señaló que elaborará un informe “exhaustivo” para informar a las autoridades responsables de esta situación, “con las recomendaciones que permitan solucionar este problema”, según se manifestó en un comunicado de prensa. Una situación que, de acuerdo con la institución, “atenta contra la dignidad y los derechos de las personas cuya libertad ha sido restringida”.
Asimismo, la primera adjunta del Defensor del Pueblo declaró que continuarán realizando supervisiones en los centros policiales donde “se reporten vulneraciones de derechos fundamentales”, en cumplimiento de “la misión institucional” y como “garantes” del Estado de derecho.
