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Vie, Ago

Hermano de Pedro Sánchez Recibe Condena por Prevaricación Administrativa

Internacionales
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido sentenciado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La condena también recae sobre Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por presuntas irregularidades en la contratación de Sánchez en 2017. Este fallo surge tras un proceso judicial que contrastó un informe policial con numerosos testimonios.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido inhabilitado por nueve años debido a un delito de prevaricación administrativa. Esta misma condena ha sido impuesta a Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz y antiguo líder del PSOE en Extremadura. La resolución se relaciona con supuestas anomalías en el proceso de contratación del familiar de Pedro Sánchez en el mencionado organismo público durante el año 2017.

Tanto la Fiscalía como los equipos de defensa habían solicitado la absolución de Sánchez, Gallardo y las otras nueve personas implicadas en el caso. Argumentaron que no existían pruebas suficientes para los cargos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Las acusaciones populares, sin embargo, sostenían la existencia de estos delitos en la creación y asignación de un puesto de alta dirección al familiar de Pedro Sánchez en 2017, el posterior cambio de nombre de dicha posición en 2022, y la adjudicación de otro cargo en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo. Las siete acusaciones populares demandaban penas de prisión que variaban de uno a seis años.

A lo largo de las siete sesiones del juicio oral, que tuvieron lugar entre finales de mayo y principios de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz, se puso en contraste un informe de la UCO, base de la argumentación de las acusaciones, con aproximadamente cincuenta declaraciones. Estas incluyeron testimonios de testigos, agentes de la Guardia Civil y los propios acusados. La mayoría de las declaraciones de las 53 personas citadas en el juicio contradijeron las conclusiones presentadas en el documento policial.