El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha declarado categóricamente que su nación no volverá a celebrar elecciones que permitan a la oposición acceder al gobierno. Esta afirmación se produce en un contexto de reformas constitucionales recientes que han fortalecido significativamente el control del poder ejecutivo y han generado críticas a nivel internacional. Ortega también anunció la creación de nuevas leyes para bloquear cualquier intento de la oposición de recuperar influencia política.
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó este domingo que en el país centroamericano no se realizarán más comicios que faciliten la llegada al poder de la oposición. Esta declaración subraya la tendencia autoritaria de su administración, especialmente después de las modificaciones constitucionales aprobadas este año. "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", expresó Ortega durante una multitudinaria conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, llevada a cabo en Managua.
El líder, de 80 años, acusó a los opositores que residen en el exilio de buscar retornar al poder para lucrarse, y aseguró que tales intentos no prosperarán bajo su mandato.
<Anuncia nuevas leyes contra la oposición
Durante su intervención, Ortega adelantó que impulsará nuevas normativas legales, en colaboración con la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno. El propósito es evitar que aquellos a quienes calificó de "golpistas" y "vendepatrias" recuperen espacios políticos. "Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán", afirmó.
Las declaraciones del presidente se emiten meses después de la implementación, en febrero de 2025, de una extensa reforma constitucional que reestructuró el Estado nicaragüense y expandió las atribuciones del Poder Ejecutivo. Entre las innovaciones, la reforma estableció la figura de la copresidencia, cargo que ahora ostenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, quien previamente se desempeñaba como vicepresidenta. Además, el período presidencial se extendió de cinco a seis años y se determinó que el Ejecutivo coordinaría los demás organismos del Estado, eliminando el tradicional balance de poderes. Las enmiendas también incluyeron disposiciones que han sido cuestionadas por organismos internacionales, como la legalización de la privación de la nacionalidad para ciertos ciudadanos.
La reforma constitucional fue criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Gobierno de Estados Unidos y diversos grupos opositores. Todos ellos consideran que estas modificaciones consolidan el dominio absoluto del partido gobernante sobre las instituciones estatales. Nicaragua ha sido gobernada por Ortega desde 2007, en un período marcado por acusaciones de fraude electoral, persecución de adversarios políticos y restricciones a la participación ciudadana.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó el nombramiento de Rosario Murillo como copresidenta, argumentando que el puesto fue creado "sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad". Asimismo, acusó a Ortega y Murillo de negar a los nicaragüenses el derecho a elegir libremente a sus líderes y advirtió que el poder basado en la represión y en reformas constitucionales "no representa la voluntad del pueblo". Aunque Nicaragua debía celebrar elecciones generales en 2026, la prolongación del período presidencial, establecida en la reforma constitucional, pospone, en principio, dichos comicios hasta 2027.
