Un juez peruano ha ordenado la inmediata liberación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional del país invalidara el proceso judicial que lo llevó a una condena de quince años por lavado de dinero. Esta decisión se basa en la falta de sustento en la acusación inicial y la no tipificación de ciertos delitos en el momento de los hechos, afectando también a su esposa, Nadine Heredia.
Un magistrado peruano dictaminó este viernes la puesta en libertad del expresidente Ollanta Humala (2011-2016). Esta resolución se da después de que, el día anterior, el Tribunal Constitucional de la nación anulara el procedimiento que resultó en la condena del exmandatario a quince años de prisión por blanqueo de capitales, relacionado con la financiación irregular de sus campañas presidenciales.
El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional accedió a la petición de los abogados del exgobernante para que su excarcelación se llevara a cabo lo antes posible, según informó la Corte Superior Nacional a través de sus canales oficiales. Humala ha estado encarcelado desde abril de 2025, cuando fue sentenciado por lavado de dinero en una causa que el Tribunal Constitucional ahora ha declarado ilegal. El tribunal consideró que la acusación por blanqueo de activos carecía de fundamento y que la ocultación de donaciones para la campaña electoral no constituía un delito en la época en que ocurrieron los hechos.
Adicionalmente, el exjefe de Estado también permaneció en prisión preventiva por la misma causa durante diez meses entre 2017 y 2018; esta medida también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional solicitó el envío inmediato del oficio a la Oficina de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), organismo que gestiona las prisiones peruanas, para que se proceda a la liberación de Humala en esta fecha. El exmandatario estaba siendo procesado por lavado de activos agravado en detrimento del Estado peruano.
El juez también dispuso la cancelación de cualquier orden de captura existente y la notificación a las entidades pertinentes. Finalmente, el togado decidió informar sobre su resolución al representante del Ministerio Público (Fiscalía), a la Sala Penal de Apelaciones correspondiente y a las demás partes interesadas.
En la solicitud de la defensa de Humala, también se mencionó que el exgobernante enfrentaba cinco procesos judiciales activos por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, cohecho pasivo, negociación incompatible, desaparición forzada y homicidio calificado, derivados de un caso denunciado cuando fue jefe militar de una base antiterrorista.
La causa por lavado de dinero contra Humala se fundamenta en la supuesta financiación irregular de sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, al no haber declarado presuntos aportes económicos del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le valió una condena de quince años de cárcel.
El Tribunal Constitucional estableció este jueves que todo el proceso carecía de validez, dado que la omisión de declarar donaciones para las campañas electorales no se consideraba un delito en el momento de los sucesos, ni la Fiscalía ha logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar un delito de lavado de dinero en esas operaciones.
El dictamen también favorece a la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil y también había sido condenada en el mismo caso. A raíz del fallo a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien también se vio beneficiada en una situación similar gracias al Tribunal Constitucional, declaró este viernes que su país vive “en un estado de derecho” y que la resolución debe ser acatada.
