El Departamento de Estado de EE. UU. ha anunciado una política permanente que requerirá fianzas de hasta 20,000 dólares a solicitantes de visados B-1/B-2 de aproximadamente 50 países, en su mayoría africanos y algunos de América. Esta medida, que busca mitigar la sobrestadía de visados, entrará en vigor el próximo lunes y ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos de los migrantes por su impacto económico.
El Gobierno de Estados Unidos implementará una política que exigirá depósitos de hasta 20,000 dólares a ciudadanos de casi 50 naciones, predominantemente africanas, que deseen obtener visados de turismo y negocios. Esta información fue confirmada el viernes por el Departamento de Estado.
Esta disposición convierte en permanente un programa experimental que se inició en agosto del año anterior. Afecta a aquellos que tramitan visados B-1/B-2 para viajar a Estados Unidos, principalmente provenientes de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda. También incluye a cuatro países americanos: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El cambio normativo fue publicado por el Gobierno en el Registro Federal y comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán la facultad de determinar el monto exacto de la fianza requerida a cada solicitante, que podrá ser de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, según lo especificado en el documento.
Bajo este esquema, los interesados deben abonar la cantidad estipulada para poder completar su solicitud de visado. El dinero será administrado conjuntamente por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y, según las autoridades, será reembolsado a los viajeros una vez que finalicen su estancia en Estados Unidos.
La administración Trump presenta esta iniciativa como parte de su esfuerzo por reducir la inmigración, argumentando que se dirige a naciones cuyos ciudadanos frecuentemente permanecen en el país más allá del período autorizado por sus visados.
El Departamento de Estado indicó que, durante el primer año de prueba, se identificaron 20,000 solicitudes que debían pagar fianza, y la mitad de ellas optaron por no continuar con el proceso de solicitud de visado. Asimismo, esta restricción resultó en una disminución del 83% en el número de visados de turismo y negocios otorgados en los países afectados, añadió el informe.
Diversas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes critican que estas fianzas establecen una barrera económica para el acceso a vías legales de entrada a Estados Unidos, perjudicando particularmente a ciudadanos de países con bajos ingresos y mayorías de población negra.
