El próximo Código Penal dominicano traerá cambios profundos en el ámbito de la salud, exigiendo a las instituciones médicas una mayor solidez en sus procesos de acreditación y cumplimiento normativo. El doctor Severo Mercedes subraya la necesidad de que los centros cuenten con responsabilidad certificada para afrontar las nuevas regulaciones, anticipando un cambio significativo en el marco jurídico que rige el sector.
La puesta en marcha del próximo Código Penal requerirá que las entidades sanitarias fortalezcan sus sistemas de acreditación y su observancia legal, señaló el doctor Severo Mercedes. Él sostuvo que las organizaciones deberán poseer una responsabilidad documentada para responder a las nuevas estipulaciones penales. En su opinión, la industria de la salud experimentará una modificación sustancial en su estructura jurídica.
Mercedes hizo estas afirmaciones durante la presentación del libro “Plan de Cumplimiento Penal para el Sector Salud”, obra del jurista y experto en Derecho Médico, Gilberto Objío Subero. El texto analiza las consecuencias del nuevo Código Penal para clínicas, hospitales, laboratorios y gestoras de riesgos de salud.
El especialista detalló que, a diferencia de otras áreas, el contexto sanitario posee una elevada susceptibilidad a errores humanos, normativas e incriminaciones penales. Por ello, la observancia de las reglas deja de ser meramente una exigencia administrativa para convertirse en un factor crucial para la permanencia de las entidades. De igual modo, mencionó que el nuevo Código Penal establece una imputabilidad compartida entre los directores de los centros sanitarios y las juntas directivas, quienes tendrán la obligación de supervisar y regular la práctica médica dentro de los hospitales.
Asimismo, instó a los profesionales de la medicina a prepararse para un aumento de los litigios judiciales que surjan de controversias entre médicos y pacientes. El evento tuvo lugar en la sede de FUNGLODE y congregó a representantes de los ámbitos legal y sanitario. Mercedes sugirió la publicación como una guía útil para que las instituciones de salud ajusten sus procedimientos a las nuevas demandas fijadas en el Código Penal.
