Tribunales iraníes han dictado sentencias de muerte contra dos mujeres, Taraneh Rahimi y Leila Abolhasani, en procesos separados relacionados con las manifestaciones antigubernamentales de enero. Estas condenas se producen en un contexto de creciente número de ejecuciones de personas detenidas durante dichas protestas. Las organizaciones de derechos humanos han reportado irregularidades en los juicios, incluyendo la falta de acceso adecuado a los expedientes para los abogados defensores.
Organizaciones de derechos humanos informaron este lunes que tribunales en Irán han sentenciado a muerte a dos mujeres en casos individuales vinculados a las movilizaciones antigubernamentales de enero. Este anuncio surge en un periodo donde se ha observado un incremento en las ejecuciones de individuos arrestados durante esas manifestaciones.
Los expedientes corresponden a Taraneh Rahimi, de veinte años, y Leila Abolhasani, de cuarenta y tres. Ambos están conectados con sucesos ocurridos en Isfahán, una de las ciudades donde las protestas alcanzaron su punto máximo durante las noches del ocho y nueve de enero.
Rahimi fue sentenciada a la pena capital junto a otros nueve hombres por incidentes en la plaza Shohada, lugar donde fallecieron dos personas, incluyendo un integrante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los diez acusados también recibieron condenas de prisión de once años, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) y la entidad Hengaw. Otros seis individuos procesados en la misma causa fueron condenados a penas de cárcel. Entre ellos se encuentra Romina Rahimi, hermana de Taraneh, a quien se le impusieron treinta y seis años de prisión, según HRANA y Hengaw. Los representantes legales de los acusados denunciaron que no se les permitió acceder a una parte significativa del expediente ni dispusieron de tiempo suficiente para revisar las evidencias antes del proceso judicial, de acuerdo con HRANA.
En un procedimiento judicial distinto, Leila Abolhasani, de cuarenta y tres años y progenitora de dos adolescentes, fue sentenciada por un tribunal de Isfahán bajo la acusación de haber prendido fuego a un comercio durante las protestas. Sus familiares refutan esta versión, afirmando que ella se encontraba en el lugar filmando el establecimiento en llamas. Abolhasani fue encontrada culpable del delito de moharebeh, comúnmente traducido como “guerra contra Dios”, una imputación que en Irán puede resultar en la pena capital. Su expediente ha sido remitido al Tribunal Supremo para su revisión. En el caso de Rahimi, los veredictos fueron emitidos en primera instancia y aún pueden ser apelados. La judicatura iraní no había hecho públicas estas condenas en el momento de los primeros informes independientes.
En medio del conflicto con los Estados Unidos, Irán ha ejecutado a veintinueve hombres por cargos relacionados con las protestas, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. Hasta la fecha, no se ha reportado la ejecución de ninguna mujer específicamente por aquellas manifestaciones, aunque al menos dieciséis mujeres han sido ejecutadas durante el año 2026 por otros crímenes, de acuerdo con la misma organización.
Las movilizaciones comenzaron a finales de diciembre de 2025 y se extendieron durante enero a diversas ciudades iraníes, constituyendo una de las mayores oleadas de manifestación registradas en el país durante los últimos años.
Activistas aseguran que el número de fallecimientos en las protestas en Irán supera los siete mil.
