La República Dominicana ha implementado un nuevo decreto que establecerá un sistema de monitoreo integral para el sector del béisbol, abarcando desde ligas y academias hasta jugadores y entrenadores. Esta medida busca ir más allá de la regulación tradicional, aspirando a convertir el béisbol amateur, especialmente el que involucra a jóvenes, en un entorno basado en datos para la identificación de riesgos y la toma de decisiones preventivas, priorizando el bienestar de los prospectos.
La República Dominicana ha dado un paso significativo que podría generar implicaciones mucho más amplias que la mera introducción de nuevas regulaciones para el deporte del béisbol. El Decreto número 601-26, promulgado el 26 de agosto por el Poder Ejecutivo, instituye un esquema de vigilancia que incluye ligas, equipos, deportistas, centros de formación, agencias, representantes, instructores, árbitros, cazatalentos y programas de desarrollo. Sin embargo, la verdadera trascendencia de esta disposición podría residir en otra área: la capacidad de transformar el béisbol no profesional, sobre todo aquel donde participan niños y adolescentes, en un ecosistema administrado con información, marcadores de peligro y evidencia para la formulación de políticas públicas. La normativa crea el Registro Nacional del Sistema de Béisbol y establece procedimientos para la inscripción, certificación, verificación y seguimiento de los diversos participantes. Asimismo, asigna a la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol responsabilidades de supervisión, inspección, recepción de quejas y elaboración de estadísticas e informes. Esta modificación permite plantear una interrogante que va más allá de quiénes poseen la exclusividad antes de la ansiada firma profesional. ¿Qué sucedería si el Estado pudiera identificar, con datos, dónde se encuentran los mayores peligros para los prospectos antes de que estos se conviertan en problemas?
EL BÉISBOL PUEDE PASAR DE REGISTRAR PERSONAS A DETECTAR PATRONES
El Registro Nacional del Sistema de Béisbol tiene el potencial de convertirse en algo mucho más que una simple base de datos administrativa. Si recopila información estandarizada, pero anonimizada, sobre jugadores, academias, instructores, instalaciones, lesiones, abandono escolar, reclamaciones, sanciones, traspasos, condiciones de hospedaje, nutrición, atención médica, preparación y resultados deportivos, el Gobierno podría construir indicadores capaces de revelar tendencias. Ya no se trataría solo de reaccionar ante denuncias por alteración de documentos de nacimiento, dopaje, lesiones o fallecimientos vinculados a prácticas ilícitas, sino de identificar señales que permitan actuar antes de que ciertos riesgos se materialicen en hechos graves. El decreto considera elementos que facilitan el inicio de la construcción de estas variables. Entre ellos se encuentran la seguridad, la salud, la educación, el descanso, la prevención del maltrato, la explotación, el hostigamiento, la discriminación, la negligencia, el sobreentrenamiento y la deserción escolar. El desafío ahora consiste en transformar estas obligaciones legales en variables que puedan medirse, compararse y evaluarse de forma periódica, incluso como insumo para futuras revisiones de la Ley General de Deportes. Por ejemplo, si el sistema registra, de manera agrupada y respetando las normativas de protección de datos personales, información de 100 academias de béisbol, las autoridades podrían identificar patrones y determinar dónde se concentran los principales riesgos. Entre los indicadores podrían incluirse las lesiones por cada cien jugadores, el porcentaje de menores que continúan escolarizados y el promedio de horas de entrenamiento. También sería factible medir la frecuencia de las evaluaciones médicas, el número de denuncias registradas por academia y la cantidad de instructores que poseen certificación. Las condiciones de alojamiento constituirían otro indicador relevante, al igual que el nivel de cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para la protección de los jugadores. El sistema también podría registrar la salida de jugadores, la edad promedio de reclutamiento y el tiempo transcurrido entre el ingreso y la salida de una academia. A estos datos se añadirían la cantidad de inspecciones realizadas, los incumplimientos detectados y las medidas correctivas aplicadas. El análisis conjunto de estas variables permitiría pasar de una supervisión basada únicamente en denuncias o casos aislados a un modelo sustentado en evidencia. La estadística, en ese escenario, no reemplazaría la inspección ni la responsabilidad de las autoridades, pero permitiría identificar academias, prácticas o zonas que requieran una intervención prioritaria.
DEL CONTROL REACTIVO A LAS ALERTAS TEMPRANAS
Las directrices de este decreto permitirían avanzar desde la supervisión reactiva hacia una valoración probabilística del riesgo. Supongamos que una academia presenta simultáneamente varios indicadores: entrenamiento excesivo, alta incidencia de lesiones, deficiencias en la infraestructura, escasa supervisión médica y casos recurrentes de abandono escolar. Cada indicador por separado podría no ser suficiente para concluir que existe una situación irregular. Sin embargo, la combinación de variables podría aumentar la probabilidad de que sea necesario realizar una inspección, identificar las fallas, inobservancias y faltas, y aplicar correctivos conforme al marco legal. ESTO FACILITARÍA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA. No implicaría declarar culpable a una academia solo porque los datos la clasifiquen como riesgosa, pero sí utilizar la información disponible para priorizar los recursos de inspección. La finalidad sería que el Estado pueda determinar dónde debe enfocar su atención primero, qué debe verificar y qué medidas preventivas podrían adoptarse antes de que aparezcan consecuencias más graves.
LOS MENORES QUEDAN EN EL CENTRO DEL DESAFÍO
El aspecto más delicado del decreto no radica necesariamente en los contratos profesionales, sino en los niños y adolescentes que ingresan al sistema con la aspiración de convertirse en beisbolistas profesionales y no lo consiguen, o en aquellos que logran una firma y luego son liberados. En esos escenarios, la supervisión no puede limitarse al rendimiento deportivo. También debe considerar la educación, la salud, el descanso, las condiciones de entrenamiento, la alimentación, la seguridad y el desarrollo integral de los menores. El nuevo reglamento establece precisamente una protección reforzada para los menores de edad y contempla acciones frente al abuso, la explotación, el acoso, la discriminación, la negligencia y el sobreentrenamiento, además de procurar que la práctica deportiva no perjudique su educación, salud, descanso y desarrollo completo.
UN PRIMER PASO HACIA UNA NUEVA REGULACIÓN
En síntesis, este decreto, que puede convertirse en un punto de partida para futuras modificaciones de la Ley General de Deportes, exige medidas de protección contra el maltrato, la explotación, el hostigamiento, la discriminación, la negligencia, las lesiones, el dopaje, las falsificaciones, las muertes, el sobreentrenamiento y el abandono escolar. También busca que la práctica deportiva no afecte la educación, la salud, el descanso ni el desarrollo integral de los menores. El verdadero reto comenzará ahora, con la capacidad del Estado para transformar las nuevas obligaciones en información verificable, indicadores comparables y decisiones oportunas. Porque registrar a los actores del béisbol es solo el primer paso. El cambio fundamental ocurriría cuando esos datos permitan detectar patrones, anticipar riesgos y actuar antes de que una denuncia, una lesión, la deserción escolar o una tragedia obliguen a preguntar por qué nadie intervino a tiempo.
