Un documento secreto del Ministerio del Interior español, elaborado en 2024, ha generado controversia al revelar una lista de 281 fichas de periodistas, incluyendo exdirectores de medios prominentes. El informe clasifica sus posiciones políticas con etiquetas variadas, desde la izquierda hasta la derecha o independientes, provocando reacciones de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y disculpas por parte del ministerio.
La controversia suscitada por el expediente confidencial desarrollado por el Ministerio del Interior de España no se limita solo a la existencia de un registro de profesionales de la comunicación. También resalta por los nombres que contiene y por las categorías empleadas para describir sus orientaciones políticas, abarcando desde comunicadores percibidos como cercanos a la izquierda hasta aquellos posicionados en la derecha o simplemente catalogados como independientes.
El informe, creado en 2024, contiene 281 descripciones correspondientes a aproximadamente 280 individuos, según la información revelada. Entre ellos se encuentran directivos de medios, columnistas, periodistas especializados en política, expertos y participantes habituales en los debates de radio y televisión de España.
Una de las figuras de mayor relevancia profesional es Antonio Caño, antiguo director de El País. Su perfil lo identifica como un reconocido “anti-sanchista” y registra sus críticas hacia ciertas políticas gubernamentales y los acuerdos con los grupos independentistas. También figura Ignacio Cembrero, uno de los principales expertos españoles en Marruecos y la región del Magreb, quien fue corresponsal de El País durante varios años. En su caso, la clasificación es mucho más concisa: “Independiente”. Otro nombre destacado es Fernando Garea, un periodista político con una extensa trayectoria y expresidente de la Agencia EFE. Su inclusión en el documento se suma a la de numerosos profesionales que han ocupado cargos de responsabilidad en medios de comunicación españoles.
La relación también abarca a directores de algunos de los principales medios del país. Nacho Cardero, director de El Confidencial, aparece descrito con una inclinación de centro-derecha y con críticas moderadas hacia el Gobierno. El mismo medio está representado por José María Olmo, jefe de Investigación, cuyo perfil lo sitúa en el centro-derecha y enfatiza su postura crítica frente a determinadas acciones del Ejecutivo.
Entre los periodistas identificados con posturas claramente conservadoras o de derechas se encuentran Eduardo Inda, director de OK Diario y antiguo directivo de El Mundo, a quien Interior atribuye posturas radicales y una actitud muy crítica con el Gobierno; Francisco Marhuenda, director de La Razón, ideológicamente ubicado en la derecha; Bieito Rubido, director de El Debate y exdirector de ABC, cuyo perfil indica que “defiende ideas de derechas”; y Francisco Rosell, exdirector de El Mundo y actual director de Vozpópuli, también situado en la derecha.
La lista incluye además a profesionales ligados durante años a la televisión. Gloria Lomana, antigua directora de Informativos de Antena 3, aparece igualmente descrita como defensora de ideas de derechas. Sin embargo, las categorizaciones no se limitan a ese espectro político. Kiko Llaneras, periodista de datos y encuestas de El País, es considerado “más cercano a la izquierda”, mientras que Javier Casqueiro, experimentado periodista político del mismo diario y antiguo corresponsal en Washington, es descrito como moderado, aunque con afinidad hacia la izquierda y, en general, favorable a las acciones del Gobierno.
Entre los nombres habituales de los debates televisivos y radiofónicos aparecen Rubén Amón, columnista y tertuliano de Onda Cero, definido como de “perfil moderado”, y Marta García Aller, también vinculada a Onda Cero, cuyo perfil la considera moderada, aunque con una mayor inclinación hacia la derecha.
El documento incluye asimismo perfiles con una descripción política particularmente marcada. Javier Ruiz, periodista económico y figura recurrente en radio y televisión, es definido como “muy combativo” y defensor de posturas de izquierda. Juanma Romero, periodista político de El Independiente, aparece descrito como defensor de ideas de izquierda y de las tesis del Gobierno central. Ketty Garat, directora adjunta de The Objective, es clasificada como periodista de derechas y crítica con las actuaciones del Ejecutivo.
Aunque la relación parece estar compuesta fundamentalmente por profesionales que participan asiduamente en debates y medios españoles, entre sus 281 fichas aparece también un periodista extranjero con una trayectoria relevante en España: John Müller. Nacido en Osorno, Chile, Müller desarrolló una parte significativa de su carrera profesional en España y llegó a ser director adjunto de El Mundo. También ha trabajado y colaborado con medios españoles y chilenos.
La diversidad de nombres demuestra que el documento no se restringe a una determinada corriente ideológica ni a periodistas extranjeros. Incluye figuras procedentes de medios de distinto signo y profesionales con posiciones políticas muy diferentes, clasificados mediante expresiones como “afín al PSOE”, “tendencia conservadora”, “independiente”, “centro derecha moderado”, “extrema derecha” o “desinformación”.
La existencia de estas fichas provocó la reacción de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que acusó al Ministerio del Interior de introducir un elemento de vigilancia y de potencial represalia, una práctica que consideró incompatible con el Estado de derecho y capaz de afectar al ejercicio del periodismo crítico. Interior, por su parte, sostuvo que se trataba de un documento interno elaborado con finalidad consultiva y negó que tuviera como objetivo establecer censura o limitar el trabajo de los periodistas. Asimismo, el ministerio pidió disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos por el contenido y por algunas de las valoraciones incluidas. “Pedimos disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas”, añadía la nota. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió igualmente que el documento no tenía “ninguna finalidad espuria” y aseguró que no había provocado diferencias entre medios o periodistas a la hora de informar ni de responder a sus requerimientos. La controversia queda así planteada no solo alrededor de la existencia del documento, sino también de la decisión de clasificar a cientos de periodistas en función de sus supuestas posiciones políticas.
