El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la conclusión de las negociaciones y los espacios socio-jurídicos con organizaciones criminales y terroristas. El mandatario argumenta que estas estructuras se fortalecieron durante la administración pasada, a pesar de los cuantiosos recursos destinados a los diálogos. Ahora, el gobierno exige el sometimiento a la justicia o enfrentarán la plena capacidad del Estado.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la culminación de los acercamientos y los esquemas legales con agrupaciones delictivas y terroristas. Afirmó que estos procesos fueron heredados de la gestión gubernamental previa y que, en los últimos cuatro años, dichos grupos se robustecieron mientras el Estado invirtió fondos en las conversaciones. “La comunicación es clara: acatamiento a la ley o confrontar toda la capacidad legítima de la nación”, declaró.
Según lo indicado por el presidente, en los cuatro años precedentes, se asignaron más de 7,000 millones de pesos colombianos para cubrir los honorarios de portavoces, delegados y negociadores relacionados con estos procedimientos. Simultáneamente, las organizaciones criminales continuaron sus actividades y se enfrentaron a las autoridades. “La aparente tranquilidad ha terminado”, aseveró el líder, quien garantizó haber cumplido su compromiso de finalizar estos procesos durante su primer mes en el cargo.
El mandatario sostuvo que, bajo su administración, los miembros de las agrupaciones delictivas no gozarán de estatus político, consideraciones especiales ni impunidad, proponiendo como única opción la rendición ante la justicia. El presidente también defendió una estrategia de seguridad fundamentada en la autoridad y la aplicación de la ley, al estimar que la paz no se logra mediante concesiones a las organizaciones criminales. “La verdadera paz se edifica con seguridad, autoridad y justicia, no doblegando al Estado ante los criminales”, sentenció. Este anuncio representa un cambio en la política hacia las estructuras armadas y delictivas que habían participado en diálogos durante el gobierno anterior.
