La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha emitido una advertencia, señalando que el aparato represivo del Estado venezolano se mantiene intacto. Aunque se han observado algunas mejoras, como la reducción de detenciones prolongadas, los expertos enfatizan que la ausencia de reformas institucionales profundas hace que estos avances sean precarios y potencialmente reversibles. El informe subraya la necesidad urgente de cambios estructurales para garantizar la protección de los derechos humanos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, encargada de Venezuela, comunicó este miércoles que el sistema de opresión estatal en el país caribeño continúa “sin alteraciones”, a pesar de una disminución en algunas de las manifestaciones más severas de represión tras la detención del entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado. En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2026, la misión reconoce ciertos ajustes, incluyendo una baja en las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, así como la liberación de cientos de personas encarceladas por razones políticas. No obstante, los especialistas afirman que estas mejoras no han sido complementadas con transformaciones institucionales que aseguren la perdurabilidad de tales avances.
“La disminución de algunas de las prácticas represivas más severas es significativa, pero de ninguna manera representa una modificación fundamental del sistema que las hizo posibles”, declaró la presidenta de la misión, Sofía Macher, durante la presentación del documento.
Persisten estructuras represivas
Conforme a la misión, las leyes empleadas para penalizar la disidencia continúan en vigor, mientras que los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen estructuras que, según el informe, han sido asociadas con violaciones a los derechos humanos. Los expertos también indicaron que no se han implementado acciones para desmantelar los denominados “colectivos”, grupos civiles armados a los cuales la misión atribuye un rol dentro del esquema represivo. La misión señaló además que periodistas y organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos para llevar a cabo sus labores y que al menos 19 funcionarios identificados en reportes previos como responsables de graves transgresiones a los derechos humanos permanecen en puestos considerados de relevancia. Al mismo tiempo, los especialistas observaron un mayor espacio para las manifestaciones, reuniones públicas y actividades de organizaciones civiles.
La misión documenta nuevos casos de tortura
El informe también registra nuevos incidentes de tortura y tratos crueles contra individuos detenidos por motivos políticos. Según la misión, desde el 3 de enero se recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura. Entre los métodos denunciados se encuentran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en áreas subterráneas de la prisión de máxima seguridad El Rodeo I. En la instalación militar de Fuerte Guaicaipuro, los expertos reportaron el encierro de personas en celdas parecidas a fosas subterráneas, además de privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones que calificaron de degradantes. La misión indicó que, aunque el número de presos políticos ha disminuido tras las liberaciones, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por razones políticas. Adicionalmente, identificó un patrón de detenciones de corta duración utilizado, según sus conclusiones, para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores.
Advierten que los cambios pueden ser reversibles
Macher sostuvo que cualquier apertura seguirá siendo vulnerable mientras no se produzcan modificaciones estructurales en el sistema de seguridad y justicia. “Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione adecuadamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”, afirmó. El integrante de la misión, Alex Neve, instó a Estados Unidos y a otros actores con influencia sobre Venezuela a intensificar sus esfuerzos para promover cambios en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, solicitó que las acciones internacionales no contribuyan a nuevas violaciones ni faciliten la comisión de crímenes internacionales.
ONU señala a los “colectivos”
La misión también presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe específico sobre los llamados “colectivos”, en el que afirma que estos grupos no son organizaciones marginales, sino que forman parte del sistema represivo estatal. Según ese documento, su expansión durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo al proyecto político mediante mecanismos de violencia y coacción. El informe también señala vínculos entre estos grupos y organismos estatales, incluida la incorporación de algunos de sus integrantes a la Policía Nacional Bolivariana, así como la participación de miembros activos o retirados de las fuerzas armadas y de seguridad en esos colectivos.
