El gobierno hondureño ha clasificado a tres grupos delictivos como asociaciones terroristas, marcando un endurecimiento en su estrategia contra el crimen organizado. Esta medida, adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, busca ampliar las capacidades de las autoridades para combatir estas estructuras. Además, se contemplan reformas legislativas para recluir a pandilleros en prisiones de máxima seguridad y restringir sus comunicaciones, en una ofensiva que promete ser implacable.
En Tegucigalpa, Honduras, el gobierno ha designado a tres organizaciones criminales que operan en el territorio como asociaciones de carácter terrorista, como parte de una renovada estrategia para enfrentar la delincuencia organizada. Esta determinación fue tomada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) durante una sesión liderada por el presidente Nasry Asfura, y posteriormente confirmada por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. No obstante, las autoridades optaron por no revelar los nombres de estos colectivos por el momento, con el fin de evitar alertarlos sobre las acciones planeadas en su contra.
Zambrano explicó que esta declaración otorgará mayores facultades a las autoridades para actuar contra estas estructuras delictivas y llevar a cabo operaciones de forma inmediata. En Honduras operan organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, grupos asociados con actividades como el tráfico de drogas y la violencia, y que también mantienen operaciones en otras naciones de Centroamérica.
Como parte de las nuevas disposiciones, el Congreso hondureño considera reformas para que los miembros de pandillas puedan ser internados en centros penitenciarios de máxima seguridad, además de restringir sus comunicaciones dentro de las cárceles y establecer un equipo especializado de fiscales y jueces para atender estos casos. “Serán perseguidos de lunes a domingo, todos los días del año y a cualquier hora”, aseveró Zambrano al referirse a la ofensiva contra las estructuras criminales.
Esta medida se implementa mientras el gobierno de Asfura busca fortalecer su política de seguridad frente a la criminalidad organizada. Las autoridades también han descartado, por ahora, recurrir nuevamente a un estado de excepción, optando por aplicar las recientes reformas legales y mecanismos especializados.
