El Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, implicada en la Operación Cobra 2.0-A, una investigación sobre un vasto esquema de corrupción. Se le imputa la sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La fiscalía pedirá 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso debido a la magnitud de los hechos y la pluralidad de implicados.
En Santo Domingo, el Ministerio Público se presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional con la intención de solicitar medidas de coerción para la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo. Esta acción se enmarca en la investigación del esquema de corrupción administrativa conocido como Operación Cobra 2.0-A. La acusación indica que el caso involucra un mecanismo utilizado para desviar recursos públicos, aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Heredia Vallejo, quien se entregó voluntariamente a las autoridades, deberá comparecer ante el tribunal. Allí, el Ministerio Público presentará las pruebas y las imputaciones que respaldan su solicitud dentro de la investigación en curso. Se solicitará la imposición de dieciocho meses de prisión preventiva como medida cautelar, además de que el proceso sea clasificado como de tramitación compleja.
El sábado anterior, el Ministerio Público llevó ante la justicia a veinticinco individuos arrestados durante la Operación Cobra 2.0-A. La petición de los fiscales para declarar la complejidad del caso se basa en la normativa procesal vigente, argumentando la multiplicidad de eventos, víctimas y posibles involucrados, lo que sugiere una organización criminal según la descripción del Ministerio Público.
Entre los sometidos a la justicia por este caso se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez. Asimismo, los profesionales de la medicina Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público también busca la prisión para los doctores Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El año pasado, en la fase inicial de la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó a Santiago Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y presunto líder de la red de corrupción, como parte de las medidas de coerción. También fueron detenidos los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los implicados, el Ministerio Público busca imponer sanciones penales y recuperar miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano. El grupo enfrenta cargos por colusión de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, fraude contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la investigación, el Ministerio Público ha logrado recolectar pruebas de sobornos a gran escala, alteraciones en los estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante prácticas fraudulentas. El organismo acusador señaló que se trata de un sistema de corrupción organizado por el director ejecutivo del SeNaSa, en complicidad con funcionarios de esa ARS y con la participación criminal de proveedores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que se siguen en el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco 14, que resultó en el arresto de tres personas. Estos individuos supuestamente formaban parte de una estructura que se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes oncológicos y al SeNaSa.
Por este caso, fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su cónyuge Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. También fue arrestada su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que gestiona el Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de dicha ASFL. Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
La Operación Cobra 2.0-A es parte de las acciones emprendidas por las autoridades para investigar una presunta red de corrupción administrativa ligada al manejo de fondos públicos a través del SeNaSa.
