El Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción detallando un incidente en Santiago donde cinco hombres fueron abatidos por agentes policiales. La acusación describe los hechos como una ejecución extrajudicial planificada, no un enfrentamiento. Once agentes de la Policía Nacional están implicados, y la investigación revela un intento de encubrimiento posterior al suceso.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, un grupo de policías llegó a la plaza comercial Corona Plaza, en el sector La Barranquita de Santiago, y abrió fuego inmediatamente contra las víctimas. La acusación describe cómo, en la tarde del 10 de septiembre de 2025, cinco hombres fueron asesinados en lo que se define como una ejecución extrajudicial cuidadosamente planificada por once agentes de la Policía Nacional.
La solicitud de medida de coerción ofrece un relato detallado de lo ocurrido en la plaza comercial Corona Plaza, en La Barranquita, donde cinco hombres perdieron la vida en un presunto operativo policial. Las investigaciones sugieren que el incidente no fue un enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial planificada.
El expediente indica que la operación comenzó cuando varios miembros del Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) fueron enviados desde Santo Domingo a Santiago con el pretexto de investigar un supuesto caso de tráfico de armas.
Entre los oficiales enviados se encontraban José Ignacio Gómez Rodríguez, Domingo de los Santos Vargas, Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, Adrián Miguel Villalona Pineda y Álvaro Paredes Paniagua. Al llegar a Santiago, se reunieron en la sede regional de la DICRIM en la base aérea de la avenida Bartolomé Colón con otros agentes: Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña. La acusación sostiene que en esta reunión se coordinó la acción que resultó en la matanza.
Las cámaras del sistema 911 registraron a los agentes movilizándose a las 2:15 p.m. en tres vehículos – una camioneta Toyota Hilux blanca, un Kia Rio y un Toyota Yaris – hacia la avenida Olímpica, frente a Corona Plaza.
A las 2:22 p.m., Carlos Enrique Guzmán Navarro, alias El Charly o Charli Chase, llegó al lugar en un Honda Civic dorado. Minutos después, José Vladimir Valerio Estévez arribó en un Kia blanco, seguido de un Mazda con otras víctimas. A las 2:26 p.m., todos estaban reunidos en el estacionamiento de la plaza.
En ese momento, los once policías salieron de sus vehículos y, sin mediar palabra, dispararon contra los civiles. Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40; Elvis Antonio Martínez Rodríguez, alias Deivito, de 26; Julio Alberto Gómez, alias La Tabla, de 28; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25, cayeron abatidos. Testigos presenciales afirman que no hubo intercambio de disparos previo. Solo uno de los agentes, el cabo Yohandy Encarnación, resultó herido en el tiroteo.
Tras el ataque, se inició una maniobra de encubrimiento. Blanca Yris Tavárez Gómez, vecina del tercer nivel de la plaza, grabó parte de lo ocurrido, pero varios agentes subieron a su apartamento, le quitaron el celular y borraron las imágenes. Otros policías sustrajeron los DVR de los negocios y los teléfonos de personas presentes. Ramón Emilio Abreu Corona, propietario del local Tecnopolis, fue presionado con llamadas para abrir su establecimiento. Al llegar, agentes le ordenaron entregar el DVR de seguridad, alegando que habían evitado un atraco.
La fiscal Cristina Ramírez, junto a la Policía Científica, se encargó del levantamiento de los cadáveres. En la escena se recolectaron armas de fuego, casquillos y proyectiles: un revólver Taurus calibre .38, una pistola Browning 9mm, una Glock .45, un fusil calibre 5.56mm y una Mini Uzi 9mm, además de decenas de casquillos dispersos en el área y dentro de los vehículos. En días posteriores, se recuperaron más proyectiles en los alrededores, confirmando la magnitud de la balacera.
Las autopsias practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmaron que las cinco víctimas murieron por heridas de proyectil de arma de fuego. Los informes concluyeron que las muertes fueron violentas, de etiología homicida, producidas por múltiples impactos y con desenlace rápido debido a un shock hemorrágico. Se recuperaron proyectiles en cada cuerpo, reforzando la hipótesis de un ataque directo y no de un enfrentamiento.
El Ministerio Público sostiene que los once policías actuaron de forma planificada y dolosa, utilizando una investigación de tráfico de armas como fachada. La Procuraduría ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo debido al volumen y gravedad de las pruebas.
La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el 9 de octubre, con el fin de que los abogados defensores estudien el expediente y los familiares de las víctimas puedan estar presentes. El procurador adjunto Wilson Camacho, al explicar la acusación, declaró enfáticamente: “Las pruebas que hemos recabado indican que lo ocurrido en La Barranquita fue una ejecución extrajudicial. No permitiremos impunidad. Llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias para procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias”.
El expediente del Ministerio Público revela no solo la violencia con que se desarrolló la operación, sino también los intentos sistemáticos de los agentes para borrar evidencias y construir una narrativa distinta. Para las familias de los cinco hombres asesinados, el proceso judicial que ahora se abre representa la única vía hacia la verdad y la justicia, mientras el país observa con atención lo que ya se perfila como uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la República Dominicana.
