Diversos legisladores han expresado su preocupación por los recientes cobros asociados a las transacciones electrónicas, solicitando que estos no impacten a los usuarios finales. Hacen un llamado a las instituciones bancarias y a las estaciones de servicio para que lleguen a un consenso que evite repercutir estos costos en los ciudadanos, en un esfuerzo por salvaguardar su economía.
Representantes de diversas agrupaciones políticas estuvieron de acuerdo en que los nuevos recargos originados por las tasas de pagos digitales no deben ser traspasados a los consumidores; instaron a que las entidades bancarias y los puntos de expendio de combustibles logren un pacto que impida perjudicar la capacidad económica de las personas. El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, manifestó que estas disposiciones forman parte de la Ley Anticrisis implementada por el Gobierno para afrontar el aumento del gasto provocado por los subsidios a los carburantes, la energía eléctrica y los fertilizantes.
“Comprendemos que es una medida que afecta el bolsillo de los dominicanos en momentos en que se está subvencionando la electricidad, el combustible y los abonos para mantener los precios de la cesta básica, y los fondos deben provenir de algún lugar”, explicó.
Sin embargo, argumentó que la modificación también incluye beneficios para la mayoría de la población, por lo que, según su criterio, debe analizarse de manera integral. “Hay que observar el equilibrio. Se ejerce presión por un lado, pero también se beneficia al ciudadano por otros aspectos”, indicó.
En relación con la disputa entre las entidades financieras y los establecimientos de combustibles por las comisiones aplicadas a las transacciones electrónicas, Genao consideró que ambas partes deben llegar a un entendimiento para evitar que el costo recaiga sobre los usuarios. “Creemos que las gasolineras y los bancos deben acordar que este trato comercial tenga una comisión razonable donde ambas partes puedan obtener ganancias y no afecte al ciudadano, que es actualmente el principal perjudicado”, señaló.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, cuestionó que medidas que afectan directamente a la población hayan sido aprobadas con celeridad, mientras otros proyectos permanecen estancados en el Congreso. A partir de hoy, los dominicanos pagarán más por transferir dinero y por emitir cheques. “Vimos cómo ese proyecto de reforma se aprobó en cuatro días. Ahora los dominicanos tendrán que desembolsar cerca de 50 mil millones de pesos adicionales en impuestos”, afirmó.
El legislador sostuvo que el Gobierno debe aclarar con mayor detalle el destino de los fondos adicionales que obtendrá con las nuevas disposiciones tributarias. “El Gobierno manejará 50 mil millones de pesos más y no ha especificado claramente en qué se va a invertir ni a qué segmento de la sociedad hará frente con esos recursos”, apuntó.
A pesar de sus diferencias en la evaluación de la reforma fiscal, ambos parlamentarios coincidieron en que cualquier desacuerdo entre el sector financiero y los establecimientos de combustibles debe resolverse sin trasladar nuevos cargos a los consumidores.
