La organización Participación Ciudadana ha manifestado que el nuevo Código Penal debe comenzar a regir tras su período de vacatio legis, a pesar de reconocer importantes falencias. Argumentan que las correcciones esenciales pueden implementarse antes o después de su aplicación, evitando así demoras innecesarias en el sistema legislativo. Se enfatiza la necesidad de incluir las tres causales y despenalizar ciertos delitos contra la libertad de expresión.
La entidad Participación Ciudadana sostuvo que el reciente Código Penal debe ser aplicado una vez finalizado el lapso de vacatio legis, si bien admitió que la normativa fue aprobada con significativas debilidades que el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional tienen la obligación de subsanar. La organización afirmó que extender la fecha para la implementación del Código Penal no constituiría un precedente adecuado para el marco legislativo, por lo que considera que los ajustes requeridos pueden efectuarse antes o después de que la ley comience su vigencia.
Entre las principales enmiendas propuestas se encuentra la inclusión de las tres causales como atenuantes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo, con el propósito de salvaguardar la salud y la dignidad de las mujeres. Asimismo, reiteró la urgencia de despenalizar los delitos de difamación, injuria y ultraje, al estimar que estas figuras legales restringen la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, lo cual contradice la tendencia adoptada en otras naciones.
La organización indicó que las imperfecciones de la legislación pueden ser corregidas mediante una reforma específica del Congreso Nacional o a través de determinaciones del Tribunal Constitucional, el cual ya está al tanto de acciones de inconstitucionalidad vinculadas con varios artículos del nuevo Código Penal.
Reconoce avances del Código Penal
A pesar de las observaciones, Participación Ciudadana resaltó que la nueva legislación incorpora aproximadamente 70 nuevas tipificaciones delictivas, entre las que se encuentran el feminicidio, el sicariato, los delitos tecnológicos, los cibercrímenes, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el autosecuestro y la obstrucción de la justicia.
En el ámbito de la corrupción, subrayó que el Código Penal clasifica nuevas conductas como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, los acuerdos ilícitos entre comerciantes, la sobrevaluación ilegal, la desviación de recursos públicos y el pago irregular en contratos administrativos.
Además, recordó que la legislación establece que cuando una misma acción configure varios delitos, podrán aplicarse las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones y fija un período de 20 años de prescripción para los delitos contra el patrimonio público.
Esperan una reforma del Congreso
Participación Ciudadana comunicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo está elaborando un borrador de ley para corregir las deficiencias detectadas en el Código Penal. En este contexto, expresó su expectativa de que la propuesta sea remitida a la brevedad al Congreso Nacional, considerando que el Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad de perfeccionar la normativa sin demorar su puesta en marcha.
