El senador por San Juan, Félix Bautista, ha presentado una propuesta para despenalizar el derecho a la libertad de expresión, sustituyendo las sanciones punitivas por multas económicas. Esta iniciativa busca alinear la legislación dominicana con prácticas internacionales y proteger un pilar fundamental de la democracia, según argumenta el legislador. La propuesta se da en el contexto de una discusión sobre la reforma del código penal.
El senador de San Juan, Félix Bautista, sugirió hoy al Senado que la libertad de expresión y el acceso a la información dejen de ser delitos con penas de prisión, para en su lugar, aplicar únicamente multas económicas. El legislador señaló que en naciones como Argentina y Panamá, las sanciones son exclusivamente monetarias. En Perú, se combinan multas con servicios a la comunidad, y en Nicaragua, país con un régimen autoritario, exiliados y prisioneros políticos, las penas también son de índole económica.
El senador citó a la embajadora de Estados Unidos, Leah Campus, quien en su reciente discurso por el 250 aniversario de la independencia de su país, declaró: “La libertad de expresión no es solo una salvaguarda legal; es el aire que respira la democracia. Permite a un pueblo libre debatir, disentir, rectificar su rumbo y exigir cuentas al poder. Cuando la libertad de expresión se restringe –cuando las ideas se acallan antes de ser escuchadas–, la libertad empieza a deteriorarse, primero de manera imperceptible y luego drásticamente”.
El representante legislativo destacó que la Constitución promulgada el 26 de enero de 2010 concede un rol esencial a la libertad en ocho artículos (40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Estos preceptos abordan la libertad y seguridad individual, el desarrollo personal, la libertad de reunión, de asociación, de empresa, de expresión e información, así como el derecho a la privacidad y al honor.
Asimismo, afirmó que el derecho a la libertad de expresión y a la divulgación del pensamiento es un derecho humano fundamental, inherente a cada persona. El artículo 49 de la Constitución establece que toda persona puede expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, sin censura previa, y que “cualquier individuo tiene la facultad de manifestar sus ideas y pensamientos, buscar, recibir y difundir información por cualquier vía”. Estas disposiciones resguardan el derecho a la crítica, las investigaciones, las denuncias, las publicaciones en medios digitales e impresos, las redes sociales y cualquier tipo de plataforma digital.
Sin libertad de expresión, resulta imposible supervisar al gobierno, denunciar la corrupción, fiscalizar a los funcionarios públicos, celebrar elecciones transparentes y moldear la opinión pública. El senador añadió que la creación de una comisión bicameral (integrada por senadores y diputados), propuesta por el presidente del Senado en la sesión de hoy, facilita el diálogo con diversos sectores sobre las sugerencias para modificar el código penal.
El renombrado jurista Cristóbal Rodríguez, en relación con la reforma del código, subraya que se deben proteger los valores y principios esenciales de la democracia, tales como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el principio de la bicameralidad. Adicionalmente, es crucial eliminar los tipos penales ambiguos, imprecisos, indeterminados y contradictorios que no concuerdan con los derechos constitucionales de libre expresión e información. Esto se debe a que las sanciones por difamación, injuria y el llamado ultraje a funcionarios son incompatibles con dichos derechos, dado que el Tribunal Constitucional ha fijado criterios firmes sobre la importancia de las libertades de expresión e información.
El jurista también mencionó la necesidad de debatir la responsabilidad penal de las corporaciones, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y la disposición que abre la posibilidad del aborto contra la voluntad de la madre.
