El movimiento cívico Participación Ciudadana ha divulgado su noveno informe, analizando el progreso de tres importantes expedientes de corrupción en los tribunales dominicanos. Estos casos, que involucran a exfuncionarios y contratos estatales, son cruciales para evaluar el desempeño del sistema judicial y la persecución de la corrupción administrativa en el país.
El movimiento cívico sin afiliación política, Participación Ciudadana (PC), hizo público este domingo su Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa. En dicho documento, se examina el avance de tres de los principales procesos por corrupción que actualmente están en curso en los tribunales del país: el expediente que concierne a los exservidores públicos Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; el caso Coral, liderado por Adán Cáceres; y el proceso vinculado al acuerdo de la red de semáforos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La entidad explicó que las determinaciones recientes tomadas en estos expedientes muestran el estado actual de la lucha penal contra la corrupción administrativa en República Dominicana y permiten valorar la actuación del sistema judicial frente a situaciones de gran complejidad.
Caso Donald Guerrero
El primer expediente estudiado se refiere al proceso legal en contra de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados, que comprende a 28 individuos y 12 entidades jurídicas, sumando un total de 40 personas inculpadas. Según la acusación del Ministerio Público, la supuesta red habría desviado aproximadamente RD$41,000 millones mediante acciones relacionadas con expropiaciones, cobros ilícitos y el comercio del AC-30. Participación Ciudadana subrayó que este caso aglutina uno de los volúmenes de pruebas más grandes registrados en un proceso de corrupción, con 170 testigos, 26 peritajes orales, 66 informes periciales, 1,625 evidencias documentales y decenas de propiedades embargadas e incautadas. El informe también aborda la decisión de la jueza de enviar a juicio de fondo a la mayoría de los acusados, aunque cuestiona los autos de no ha lugar emitidos a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al considerar que las pruebas debieron ser debatidas en un juicio público.
Caso Coral
El segundo proceso revisado es el caso Coral, cuya sentencia fue emitida el pasado 15 de junio por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Entre las condenas se encuentran penas de 20 años de prisión para el mayor general retirado Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza; sentencias de 15, 10, cinco y tres años para otros involucrados, además de la disolución de seis compañías relacionadas con el expediente. El tribunal también ordenó la confiscación de 160 inmuebles, 115 vehículos, armas, dinero en efectivo y otros bienes, además de imponer una compensación de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
Caso Intrant
El tercer caso se relaciona con el proceso por supuestas anomalías en la contratación de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, valorada en más de RD$1,300 millones. El informe señala que la jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo al exdirector del Intrant, Hugo Beras; al empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y a otros imputados, tras estimar que existen suficientes elementos para que el expediente sea tratado en un juicio público. En esta situación se admitieron acusaciones por corrupción, fraude, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos, aunque se descartó la imputación por terrorismo.
Balance del informe
Participación Ciudadana destacó que, en solo dos semanas, los tribunales dictaron fallos importantes en estos tres grandes expedientes, los cuales resultaron en 29 condenas en primera instancia y 51 personas enviadas a juicio de fondo. La organización adelantó que su próximo informe continuará el seguimiento a los casos de Jean Alain Rodríguez y Senasa, debido a las dilaciones que, según afirman, presentan ambos procesos.
