Participación Ciudadana ha revelado que el tribunal desestimó todos los recursos presentados por los imputados en la fase preliminar de un caso de corrupción. El informe destaca el rechazo de argumentos de inconstitucionalidad, nulidad y la solicitud de extinción de la acción penal, lo que podría sentar un precedente importante para futuros procesos de gran envergadura. La decisión se fundamentó en la complejidad del caso y el volumen de pruebas.
De acuerdo con el Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción, elaborado por Participación Ciudadana, la autoridad judicial desestimó la totalidad de los planteamientos presentados por los acusados durante la etapa inicial del proceso. Esto incluyó objeciones de inconstitucionalidad, peticiones de anulación y de inadmisibilidad de la imputación, así como solicitudes para la extinción del proceso penal.
El documento señala que entre las acciones rechazadas se encuentran objeciones a diversas resoluciones relacionadas con la recuperación de bienes públicos, normativas de la Ley de Lavado de Activos, modificaciones al Código Procesal Penal y la propia acusación formulada contra uno de los implicados. Asimismo, fueron denegadas las peticiones de nulidad de la acusación por supuestas deficiencias en la formulación de los cargos y por alegadas irregularidades en la recolección de las pruebas.
Participación Ciudadana también subraya la determinación del tribunal de rechazar la petición de extinción de la acción penal por la expiración del plazo máximo del proceso, al considerar que este criterio podría influir en otros expedientes de corrupción de gran escala que exceden los cuatro años de duración.
Según el informe, la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz basó su resolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia. El informe detalla que la jueza concluyó que el tiempo razonable no debe evaluarse mediante un simple cálculo del lapso transcurrido, sino considerando las particularidades de cada situación. Entre los elementos tomados en cuenta, mencionó la complejidad del proceso, que involucra a 40 personas acusadas y más de 500 víctimas, la extensa cantidad de evidencia y las múltiples demoras registradas, incluyendo 30 aplazamientos por motivos de salud de los imputados y prórrogas concedidas para asegurar el derecho a la defensa.
