El desarrollo inmobiliario en La Altagracia ha generado una presión considerable sobre la infraestructura y los servicios públicos, evidenciando un desbalance entre los permisos otorgados y las obras ejecutadas. Esta provincia lideró la actividad constructiva en 2025, concentrando una porción significativa del total nacional. Las estadísticas resaltan la necesidad de una planificación urbana más robusta y una supervisión eficaz.
El rápido crecimiento del sector inmobiliario en la provincia de La Altagracia y sus municipios presenta un reto multifacético para el gobierno, debido a la carga que impone sobre la organización urbana, los servicios esenciales y la fiscalización de las edificaciones. Según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), utilizando registros del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), el número de autorizaciones concedidas para construcciones particulares fue menor que la cantidad de proyectos registrados en esa provincia. Esta discrepancia también se observó en las cifras nacionales.
Durante 2025, la actividad de construcciones privadas mostró un patrón irregular entre las distintas provincias del país. La Altagracia se estableció como el epicentro principal de edificaciones, registrando 1,642 construcciones, lo que representa aproximadamente el 40% del total nacional, a pesar de haber recibido únicamente 264 permisos de construcción.
MÁS QUE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo ocupó la segunda posición en el número de obras completadas, con 827 construcciones, aunque lideró el país en permisos autorizados, con 290 aprobaciones. Santiago registró 250 edificaciones y obtuvo 219 permisos, ubicándose entre las provincias con mayor dinamismo en el sector. Por su parte, el Distrito Nacional contabilizó 186 proyectos, a pesar de ocupar el segundo lugar nacional en permisos emitidos, con 234 autorizaciones, una cifra superior a la cantidad de obras registradas.
Después de estas provincias se situaron San Juan, con 145 construcciones; Azua, con 105; Samaná, con 101; San Cristóbal, con 87; Duarte, con 86; Puerto Plata, con 81; San Pedro de Macorís, con 71; y La Vega, con 63. En el extremo opuesto se encontraron Pedernales y Monte Plata, con una construcción cada una; San José de Ocoa, con dos; Monte Cristi y Santiago Rodríguez, con tres; Peravia, con seis; y Barahona y Hermanas Mirabal, con nueve proyectos cada una.
SEPTIEMBRE MARCÓ EL MAYOR NIVEL DE ACTIVIDAD
Otro de los datos más llamativos es el comportamiento registrado en septiembre. Ese mes concentró 1,116 construcciones, la cifra mensual más alta de 2025, luego de que en los meses previos el promedio no superara las 85 edificaciones.
LA DIFERENCIA ENTRE OBRAS Y PERMISOS
Este incremento en la principal provincia turística del país se desvió del patrón observado en el resto del territorio y genera interrogantes sobre la relación entre la expansión inmobiliaria, la planificación urbana y los registros administrativos. Otro dato relevante es que, durante 2025, se otorgaron 1,362 permisos de construcción para proyectos del sector privado. Santo Domingo encabezó el listado nacional con 290 permisos, equivalentes al 21.3% del total. Le siguieron La Altagracia, con 264 permisos (19.4%); el Distrito Nacional, con 234 (17.2%); y Santiago, con 219 (16.1%).
La disparidad entre la cantidad de permisos y el volumen de construcciones resulta notable y exige una explicación de este comportamiento estadístico. En conjunto, estas cuatro demarcaciones agruparon cerca de tres cuartas partes de todas las autorizaciones emitidas en el país durante el año.
LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO
El acelerado desarrollo inmobiliario de La Altagracia conlleva nuevos desafíos para el Estado. Entre ellos se encuentran la presión sobre la infraestructura vial, los sistemas de agua potable, alcantarillado y electricidad, así como la necesidad de reforzar la fiscalización de las obras y la organización territorial. Además, el aumento constante de la población y de las edificaciones incrementa la demanda de servicios públicos, movilidad, seguridad y ordenamiento urbano, aspectos que requieren una respuesta coordinada de las instituciones pertinentes. En síntesis, las estadísticas demuestran que el desarrollo de las construcciones privadas y la emisión de permisos no se comportaron de la misma manera en todas las provincias del país, una realidad que plantea nuevos retos para la planificación y el progreso urbano.
