El Ministerio Público ha reiterado que las solicitudes de Jean Alain Rodríguez Sánchez para extinguir la acción penal son improcedentes, buscando evadir el enfrentamiento con las pruebas en su contra. La procuradora Mirna Ortiz enfatizó que la complejidad del caso y los criterios de plazos razonables impiden una sentencia de extinción, asegurando que el acusado deberá enfrentar el juicio de fondo.
El Ministerio Público afirmó este lunes que las solicitudes de Jean Alain Rodríguez Sánchez, orientadas a evitar la confrontación con las evidencias durante el juicio mediante una reiterada petición de anulación del proceso penal, carecen de fundamento legal, ya que han sido desestimadas previamente.
Así lo manifestó la procuradora de corte Mirna Ortiz, quien encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), considerando inviable que un tribunal decrete la extinción de la acción penal en este asunto. “¿Cuál será el desenlace de este incidente? Será idéntico al de los procedimientos anteriores”, expresó.
Recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido cómo debe calcularse la duración de un proceso. “El período para la extinción no es meramente numérico; debe considerar la envergadura y la dificultad del caso, tal como lo indica la normativa”, señaló. “Además, debe incorporar los principios de plazos justos, que ahora se encuentran en el artículo 146 del Código Procesal Penal. Por consiguiente, jamás podrá dictarse una resolución de extinción en este proceso y se verán obligados a proceder con el juicio de fondo”, recalcó.
Mencionó que, en la jornada de hoy, el imputado y sus representantes legales intentaron nuevamente aplazar el proceso, solicitando al tribunal una extensión del plazo de dos horas que se les había otorgado para presentar su incidente. “Consumimos, prácticamente, tres horas para que el tribunal les confirmara nuevamente que solo disponían de dos horas para exponer su incidente de extinción”, indicó Ortiz, al responder a los periodistas en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ortiz representa a la Fiscalía junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, y los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
Durante la sesión de este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aceptó la petición del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de Jean Alain Rodríguez, quienes aspiraban a obtener más tiempo para presentar las conclusiones del incidente que depositaron por escrito en la secretaría del tribunal.
A petición del Ministerio Público, el pasado miércoles el tribunal ordenó la continuación del juicio, tras rechazar un recurso de oposición a resoluciones previas presentado por varios equipos de defensa, incluyendo la solicitud de anulación del proceso penal.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, postergaron la audiencia después del mediodía de este lunes y ordenaron su reanudación en horas de la tarde, momento en que Rodríguez Sánchez finalizó la exposición de su petición. Posteriormente, tras concluir con la agenda del día, alrededor de las 4:30 de la tarde, el tribunal dispuso el aplazamiento de la audiencia hasta el miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.
La acusación sostiene que Rodríguez Sánchez desvió más de RD$6,000 millones mediante operaciones fraudulentas entre 2016 y 2020, años en que ejerció como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias. También, están siendo procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás implicados enfrentan acusaciones por diversos delitos de corrupción, que incluyen soborno, desfalco, fraude contra el Estado y lavado de activos.
