El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) han suscrito un acuerdo para regular las prácticas de cobro. Este pacto busca erradicar las llamadas persistentes y evitar el reclamo de deudas a individuos sin responsabilidad legal, promoviendo un proceso de cobranza más ético y respetuoso con los derechos de los usuarios.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) formalizaron este martes un convenio para fomentar procesos de cobro alineados con la legislación. Este pacto incluye la supresión de llamadas reiteradas y el compromiso de no exigir pagos a individuos que no tienen obligación alguna con dichas deudas.
El convenio estipula que las empresas de cobro agrupadas en COB-RD deberán ejecutar sus gestiones de recuperación de deuda respetando los derechos de los clientes y absteniéndose de contactar a terceros que no estén vinculados con las deudas reclamadas. Esta última práctica es una de las que más quejas genera entre los usuarios, según información proporcionada por Pro Consumidor.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, aclaró que la finalidad es establecer normativas claras para que las obligaciones económicas puedan ser exigidas conforme a la regulación vigente, sin perjudicar a personas que no forman parte de esos compromisos financieros.
El acuerdo también contempla la elaboración de directrices de buenas prácticas y protocolos para una cobranza “humanizada”, el desarrollo de programas de formación para el personal del sector y la implementación de campañas educativas dirigidas tanto a los consumidores como a los proveedores de servicios.
Adicionalmente, las partes acordaron que las acciones realizadas mediante llamadas telefónicas, mensajes instantáneos, correo electrónico, sistemas automatizados o inteligencia artificial deberán ceñirse a la legislación de protección al consumidor y a las disposiciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Para supervisar la implementación de este convenio, se establecerá una mesa técnica compuesta por representantes de ambas entidades. Esta mesa tendrá la responsabilidad de monitorear los compromisos adquiridos y proponer mejoras en función de la evolución normativa y de las prácticas dentro del sector.
