Una revisión de expedientes judiciales en República Dominicana revela un patrón preocupante: la mayoría de los agresores sexuales de menores son personas cercanas a las víctimas o que gozan de la confianza familiar. Este vínculo de proximidad facilitó la comisión de estos delitos, con múltiples condenas en los últimos años que subrayan la urgencia de abordar esta problemática. La prevención mediante la psicoeducación temprana y la comunicación abierta en el hogar se presenta como una herramienta fundamental.
Un análisis de documentos y fallos por ataques sexuales contra niños y adolescentes demuestra que la tendencia se mantiene: en muchos incidentes, los victimarios eran individuos allegados a las afectadas o que contaban con la credibilidad de sus parientes. Las resoluciones de los tribunales de los últimos tiempos indican que esta relación de cercanía propició, en bastantes ocasiones, la ejecución de los crímenes. Solamente en el año 2026 se registraron al menos seis sentencias por esta clase de ofensas.
La más reciente fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este contra Francis Yoel Terrero Ramírez, conocido como “Caco”, después de ser encontrado culpable de agredir sexualmente a una joven de dieciséis años. El expediente, preparado por la fiscal María Sánchez, detalla que Terrero Ramírez se unió a Jean Carlos Evangelista Montero (Yeco) y a un tercer sujeto llamado Yankie, quienes persuadieron a la adolescente a consumir bebidas alcohólicas y, una vez que la embriagaron, cometieron el abuso sexual.
En junio de ese mismo año, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata impuso una pena de veinte años de prisión a Guillermo González, acusado de abusar sexualmente de una niña de doce años, hechos que, según la documentación, comenzaron cuando la víctima tenía siete años. Conforme al expediente judicial, la investigación se inició cuando la víctima, de doce años de edad, se presentó ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía y denunció que el agresor, aprovechando la confianza y cercanía con su familia, abusó de ella sexualmente desde que tenía siete años. La víctima explicó que tuvo miedo de contar lo sucedido a sus padres, pues pensaba que ellos no le creerían y creerían que ella estaba haciendo algo incorrecto.
Durante enero de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó dos condenas de veinte años. Una fue contra Carlos Andrés Reinoso, alias “La Tarántula”, declarado culpable de agredir sexualmente a una niña de siete años en un suceso ocurrido en 2024. Las indagaciones comenzaron luego de que el padrastro de la víctima presentara una denuncia al observar un comportamiento inusual en la menor tras llegar a su hogar en compañía de un hermano de doce años y un primo. La otra condena fue contra José Federico López Luna por abusar sexualmente de una adolescente de trece años. La investigación llevada a cabo por la fiscal Leidy Marte se originó a partir de una denuncia realizada por la madre de la adolescente, después de que su hija le contó que el implicado la manoseaba y la violó sexualmente en varias ocasiones.
En marzo de ese año, un tribunal de Santo Domingo Oeste sentenció a veinte años de prisión a Ardo Anthonelly Mercado Hernández por abusar de una niña de nueve años. Según la acusación, la menor relató que el procesado la agredió sexualmente en repetidas ocasiones. Mientras tanto, en mayo, un tribunal colegiado de La Vega condenó a Pedro Antonio Paulino Batista a veinte años de cárcel y al pago de una multa de RD$50 tras encontrarlo culpable de agredir sexualmente a una niña de doce años en un incidente ocurrido en 2023.
Los registros judiciales evidencian que este patrón no es exclusivo de los casos conocidos en 2026. Sentencias emitidas en años anteriores reflejan circunstancias similares, en las que los agresores mantenían algún tipo de lazo familiar, de confianza o proximidad con las víctimas. En 2020, los tribunales impusieron penas de veinte y diez años de prisión contra dos hombres procesados por abusar de una menor de doce años y violencia intrafamiliar. El proceso se inició tras una denuncia presentada por la abuela paterna de la víctima y la acusación involucró a un tío de la menor.
En 2021, el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a diez años de prisión a Corpo Arturo de León Henríquez, después de establecer que De León tomó imágenes íntimas de una niña de nueve años e intentó hacerle daño. En 2019, ese mismo tribunal condenó a tres hombres por delitos sexuales cometidos contra menores de entre once y trece años. Dos de ellos recibieron veinte años de prisión por incesto, un delito que evidencia nuevamente la cercanía entre los agresores y las víctimas. Los expedientes también muestran que muchas denuncias surgieron después de que padres, madres, padrastros, abuelos u otros familiares detectaran cambios de conducta en los menores o estos finalmente se atrevieran a revelar los abusos.
La educación temprana, la principal herramienta de prevención
Para la psicóloga Heidy Camilo, la herramienta más importante para prevenir el abuso sexual infantil es la psicoeducación, un proceso que debe comenzar desde que los niños desarrollan conciencia de su cuerpo. “Es fundamental enseñarles cuáles son sus partes privadas, como los pechos, los glúteos y los genitales, así como identificar cuáles son los abrazos saludables”, declara la especialista.
Camilo también aconsejó enseñar a los menores que los adultos no deben pedirles guardar secretos, sin importar el vínculo familiar o de confianza que exista. “Cuando un adulto le dice a un niño: ‘Guarda este secreto’, el niño no tiene que guardarlo, sin importar el parentesco que haya”, enfatizó. La psicóloga aclaró que no se debe asumir que todas las personas cercanas representan un riesgo para los menores. Sin embargo, sostuvo que los padres deben mantener una comunicación abierta y constante con sus hijos, escuchar cualquier cambio en su comportamiento y establecer límites cuando consideren que una situación puede ponerlos en peligro.
Asimismo, afirmó que madres, padres y tutores no deben sentirse culpables por negarse a dejar a sus hijos al cuidado de determinadas personas. “Los padres deben aprender a decir que no, sin sentir pena. Es un derecho y un deber proteger a sus hijos”, concluyó.
