El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aclaró que el recién aprobado Código Penal dominicano no modifica la normativa que rige las peleas de gallos. Descartó las interpretaciones erróneas que sugerían su prohibición, asegurando que la práctica sigue regulada por la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, la cual permanece plenamente vigente e inalterada.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, afirmó este martes que la nueva legislación penal no incorpora modificaciones a la normativa que controla las riñas de gallos en República Dominicana. Esta declaración surge después de que aparecieran análisis que indicaban una supuesta prohibición de dicha actividad. El legislador explicó que la práctica continúa rigiéndose por la Ley 248-12, referente a la Protección Animal y Tenencia Responsable, la cual, según sus palabras, no fue alterada durante el proceso de aprobación de la reciente normativa legal.
De los Santos puntualizó que esa regulación específica no sufrió cambios ni fue derogada, por lo que mantiene su plena validez y sigue siendo el marco jurídico aplicable a los establecimientos de peleas de gallos. “La ley que aborda el maltrato animal en la República Dominicana es la Ley 248-12. Esa ley no fue modificada en ninguno de sus artículos, y mucho menos fue anulada”, manifestó.
El líder del Senado sostuvo que las inquietudes surgidas en torno al nuevo Código Penal provienen de una lectura incorrecta de su contenido y reiteró que la reforma no establece disposiciones que criminalicen las peleas de gallos. En este contexto, instó a los miembros del sector gallero a no inquietarse por la entrada en vigor del nuevo Código Penal, al enfatizar que la regulación de esta actividad permanece bajo la legislación especial ya existente.
“El asunto de las galleras y las riñas de gallos continúa siendo regulado por la Ley 248-12, por lo que no debe causar ningún tipo de preocupación a quienes se dedican a este deporte”, concluyó. Con estas declaraciones, el presidente del Senado buscó disipar las dudas que emergieron tras la aprobación del nuevo Código Penal respecto al alcance de las normativas sobre defensa animal y su posible impacto en las peleas de gallos.
