La legislatura 2025-2026 dejó un legado significativo en la República Dominicana, caracterizado por una serie de reformas que modernizan el marco jurídico del Estado. La aprobación del nuevo Código Penal, tras décadas de espera, es el hito más relevante, prometiendo adaptar el sistema de justicia a los desafíos del siglo XXI. Este período legislativo se distinguió por una alta productividad y un enfoque en el fortalecimiento institucional.
Más allá de los números de desempeño presentados durante la rendición de cuentas del Congreso Nacional, la herencia principal de la legislatura 2025-2026 se evidenció en las transformaciones que redefinen áreas clave del Estado dominicano. Estas incluyen la ratificación del nuevo Código Penal, una enmienda esperada por varias décadas que comenzará a regir el 3 de agosto próximo.
Durante el acto conjunto de rendición de cuentas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó que la actualización del Código Penal sitúa a la República Dominicana “a la altura de las exigencias del siglo XXI”, reemplazando una normativa que había quedado obsoleta frente a las nuevas tipologías delictivas, especialmente las relacionadas con la tecnología. El legislador aseveró que esta modificación provee al sistema judicial de herramientas más adecuadas a la realidad actual y representa uno de los mayores logros del ciclo legislativo.
La modificación penal fue parte de un conjunto de cambios normativos impulsados durante la legislatura de agosto de 2025 a agosto de 2026, en la que el Senado aprobó 416 propuestas, de las cuales 122 correspondieron a proyectos de ley y 58 fueron posteriormente promulgadas por el Poder Ejecutivo, consolidando uno de los períodos de mayor producción legislativa de los últimos años.
Las reformas que distinguieron la legislatura
Entre las propuestas de mayor trascendencia aprobadas por el Congreso se encuentran la alteración del Código Penal; la enmienda al Código Procesal Penal para armonizar el sistema de persecución penal; la creación del Ministerio de Justicia; la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas; la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; la Ley de Intermediación Inmobiliaria y Publicidad Engañosa; las modificaciones a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para reforzar los controles sobre el financiamiento político; y los ajustes a la Ley 118-21 para facilitar la conclusión de obras públicas paralizadas.
También se aprobaron iniciativas de índole económica y presupuestaria, como la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 y otras medidas orientadas al desarrollo económico.
Productividad legislativa respaldada por consenso
De los Santos atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre ambas cámaras y enfatizó que el Senado completó la totalidad de las 60 sesiones programadas durante el período, además de miles de horas de labor en las diversas comisiones legislativas. Según afirmó, ese desempeño permitió generar acuerdos para aprobar reformas consideradas cruciales para la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que dicho organismo celebró 88 sesiones del pleno y que las 71 comisiones permanentes, especiales y bicamerales realizaron 1,194 actividades de trabajo, sumando más de 1,200 horas de estudio de proyectos e interacción con distintos segmentos de la sociedad. Según detalló, esa dinámica posibilitó avanzar en la aprobación de iniciativas que respondieron a exigencias de diversos ámbitos nacionales.
Más allá de las cifras
Aunque ambos presidentes destacaron avances administrativos, financieros e institucionales, incluyendo certificaciones de calidad, transparencia y fortalecimiento de la gestión pública, el balance de la legislatura quedó marcado principalmente por el conjunto de reformas jurídicas aprobadas durante el período, cuyo impacto comenzará a observarse en los próximos meses con la entrada en vigor de varias de esas disposiciones, especialmente el nuevo Código Penal.
