La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha reafirmado la medida de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara. Se le acusa de solicitar un soborno de US$10,000 en una entrega controlada, en relación con una investigación. Esta decisión mantiene al imputado bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha validado la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Aurelio Valdez Alcántara. Este fiscal es procesado por el Ministerio Público, que lo acusa de solicitar un soborno a un individuo bajo investigación, recibiendo US$10,000 en una operación de entrega controlada.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. Ellos solicitaron al tribunal mantener la reclusión preventiva del procesado, argumentando que los fundamentos presentados por la defensa en la audiencia inicial de la medida de coerción no han cambiado.
Nancy María Joaquín Guzmán, en su rol de jueza de la Instrucción Especial, desestimó la petición de la defensa de modificar la prisión preventiva. Esto ocurrió durante la audiencia donde se evaluó la solicitud de revisión de la coerción, que se le impuso a Valdez Alcántara en mayo por un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
El 29 de junio pasado, la jueza Joaquín Guzmán canceló la revisión de la medida de coerción de Valdez Alcántara, como resultado del recurso que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró el 3 de junio. En esa ocasión, la Suprema Corte también ratificó la medida privativa de libertad. La magistrada Joaquín Guzmán fijó la revisión obligatoria de la medida para el 3 de septiembre próximo.
El Ministerio Público imputa a Valdez Alcántara la infracción de diversos artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 155-17, relacionada con Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida de coerción fue dictada en mayo por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz. Esto sucedió después de que se rechazaran varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, que incluso solicitó la anulación del proceso.
Valdez Alcántara exigió al investigado una cantidad inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), cifra que luego redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) durante una negociación. En esta misma negociación, el fiscal también manifestó interés en un reloj de la marca Rolex y demandó un automóvil Mercedes Benz.
