La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha ratificado la prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara. Se le acusa de solicitar un soborno de US$150,000 y de haber recibido US$10,000 en una entrega controlada. La decisión judicial mantiene al fiscal bajo custodia en Najayo Hombres, a la espera de la revisión de su medida de coerción en septiembre.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional validó la orden de prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara. El Ministerio Público lo procesa por supuestamente pedir un soborno a un individuo investigado y aceptar diez mil dólares estadounidenses como parte de una operación de entrega monitoreada.
Durante la sesión, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. Ellos solicitaron mantener la medida coercitiva, argumentando que las circunstancias que justificaron la prisión preventiva no han cambiado.
La jueza Nancy María Joaquín Guzmán, en su rol de jueza de la Instrucción Especial, desestimó la petición de la defensa de reemplazar la medida dictada en mayo pasado por un período de tres meses. El imputado cumple esta medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público recordó que el pasado 29 de junio, la magistrada anuló una revisión de la medida, después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmara la prisión preventiva el 3 de junio, tras analizar un recurso presentado por la defensa.
Asimismo, la jueza programó para el próximo 3 de septiembre la revisión obligatoria de la medida de coerción.
Según el expediente, Valdez Alcántara enfrenta acusaciones por presunta infracción de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las investigaciones indican que el fiscal habría exigido inicialmente doscientos mil dólares estadounidenses a una persona bajo investigación para favorecerla en un procedimiento legal. Posteriormente, la cantidad se habría reducido a ciento cincuenta mil dólares estadounidenses, negociación en la que además manifestó interés en recibir un reloj de la marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz como parte del soborno.
El Ministerio Público sostiene que el imputado recibió diez mil dólares estadounidenses durante una entrega controlada, evento que condujo a su arresto y posterior presentación ante la justicia.
