El próximo lunes 3 de agosto marcará un hito con la implementación del nuevo Código Penal, que eleva la salud a la categoría de bien jurídico protegido. Este cambio significativo fortalecerá la responsabilidad penal de los proveedores de servicios de salud, introduciendo sanciones para clínicas y centros médicos privados por faltas de imprudencia o negligencia en la atención al paciente.
El jurista Eric Raful aseveró este jueves que una de las modificaciones más importantes del nuevo Código Penal, cuya aplicación está pautada para el lunes 3 de agosto, es que la salud adquiere el estatus de un bien jurídico tutelado, lo cual robustece la responsabilidad penal en la provisión de servicios sanitarios.
“La salud se convierte en un bien jurídico protegido con la nueva normativa penal”, afirmó el especialista, detallando que la flamante legislación establece penalizaciones para las entidades médicas y centros de salud privados que incurran en fallas por falta de previsión, como la ausencia de supervisión o el incumplimiento de los requisitos solicitados a los profesionales y a quienes reciben atención durante los procedimientos.
Raful explicó que la legislación actual solo considera responsabilidades de índole civil para las instituciones de salud, incluyendo la clausura de establecimientos y la aplicación de sanciones económicas calculadas en salarios mínimos. Sin embargo, indicó que con la puesta en marcha del nuevo Código Penal también podrán afrontar consecuencias penales si se demuestran descuidos o acciones poco prudentes en la prestación del servicio.
El letrado señaló que esta modificación representa un reforzamiento de la protección legal de la salud, al fijar repercusiones penales para los proveedores de servicios médicos que no acaten las normas y obligaciones establecidas por la ley. Pese a ello, manifestó su desacuerdo con la inclusión de la noción de la imprudencia consciente, al considerar que es una contradicción que un acto imprudente pueda ser ejecutado con intencionalidad.
