La audiencia para revisar las medidas coercitivas en el caso conocido como SeNaSa 2.0 ha sido pospuesta hasta el 5 de agosto. Esta decisión se tomó a solicitud de varias defensas, que pidieron más tiempo para preparar sus argumentos. El tribunal evaluará si las circunstancias iniciales que motivaron las medidas han cambiado, permitiendo a las partes presentar nuevas pruebas y fundamentos.
El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha reprogramado para el próximo 5 de agosto la sesión de revisión obligatoria de las medidas de coerción aplicadas a los acusados en el proceso SeNaSa 2.0. Esta determinación se produjo después de que múltiples equipos de defensa solicitaran un plazo adicional para organizar los argumentos que presentarán ante la corte.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero aceptó la petición de los abogados de varios de los involucrados y estableció el martes 5 de agosto como la fecha para la continuación de la audiencia, en la cual se analizará si las condiciones que originaron las medidas coercitivas contra los procesados han experimentado alguna modificación.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz, señaló que el aplazamiento obedece a un principio legal y facilitará que las partes depositen los elementos probatorios y las argumentaciones que serán consideradas por el tribunal al momento de decidir si mantiene, ajusta o anula las medidas impuestas.
El expediente SeNaSa 2.0 investiga una presunta red de corrupción que, según el Ministerio Público, habría operado entre los años 2020 y 2025 dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Se alega que esto ocurrió mediante la concesión irregular de contratos, la aceptación de sobornos y otras acciones que habrían causado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a los RD$19,000 millones.
Entre los principales señalados se encuentra el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, junto con otros antiguos funcionarios y proveedores de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal. El expediente les imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
A lo largo del proceso, cinco de los diez acusados han iniciado conversaciones con el Ministerio Público para adherirse a un acuerdo penal abreviado y admitir su culpabilidad. Otros tres ya habían reconocido el pago de sobornos y obtuvieron arresto domiciliario como parte de su colaboración con las autoridades. Las indagaciones permanecen abiertas y el órgano persecutor no descarta la posible inclusión de nuevos implicados en el expediente.
