La atención judicial se centró este jueves en el caso SeNaSa 2.0, al vencer el plazo para que el Ministerio Público presentara su requerimiento final. Aunque la audiencia de revisión de medidas de coerción fue pospuesta para el 5 de agosto, la situación generó diferentes posturas entre la defensa, la fiscalía y la parte querellante respecto al estado actual del proceso legal.
El término para que la fiscalía presentara su conclusión en el expediente SeNaSa 2.0 fue el punto central durante la sesión judicial llevada a cabo este jueves ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. A pesar de que el juzgado pospuso para el 5 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la inspección obligatoria de las medidas cautelares, esta determinación generó puntos de vista divergentes entre los abogados defensores, el Ministerio Público y la parte acusadora sobre el progreso del procedimiento.
La titular de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz, explicó que el aplazamiento se debió a una solicitud de algunos abogados defensores para disponer de más tiempo y preparar los argumentos que serán discutidos durante la evaluación de las medidas de coerción, petición que el tribunal aprobó por tratarse de una cuestión legal. Asimismo, puntualizó que hasta este momento no existe ningún tipo de acuerdo con los imputados, aunque reiteró que el Ministerio Público mantiene una postura favorable a las soluciones alternativas cuando la legislación lo permite.
Por su parte, el abogado de Santiago Hazim, Miguel Valerio, manifestó que la defensa requería de mayores elementos para enfrentar dicha revisión y afirmó que espera que la investigación continúe avanzando antes de la próxima comparecencia. Añadió que, aunque en otros procesos ha apoyado los acuerdos, en esta ocasión no respalda dicha posibilidad.
Mientras tanto, el abogado querellante Miguel Surun expresó que, a su parecer, ya expiró el período de ocho meses para que el Ministerio Público depositara la acusación final y las evidencias que sustentan el proceso. Agregó que espera que entre las pruebas se incluyan las comunicaciones y el historial del teléfono atribuido a Santiago Hazim, al considerar que podrían ofrecer información relevante para la clarificación del caso.
