El abogado Félix Portes ha expuesto una presunta vulneración del debido proceso, alegando que un individuo con orden de arresto judicial fue entregado al alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio (Alex) Díaz Paulino. Esta acción, que se habría realizado sin la debida autorización del Ministerio Público, ha motivado una enérgica solicitud de investigación para esclarecer responsabilidades y garantizar la integridad del sistema judicial.
El jurista Félix Portes hizo pública el jueves una presunta infracción al debido proceso legal, luego de que una persona arrestada bajo orden judicial fuera entregada al alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio (Alex) Díaz Paulino. Portes exigió una indagación inmediata para determinar los responsables de esta acción. De acuerdo con un comunicado emitido, el señor Ángel Luis Reyes Moya fue aprehendido el 29 de julio de 2026 por miembros de la Subdirección Regional Noreste de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional. Dicha detención se efectuó en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto número 601-01-2025-EADM-00671, emitida como parte de una investigación por intento de homicidio contra un oficial de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Portes afirmó que, según lo estipulado en el Oficio número 048, firmado por el coronel Pablo Urbáez Feliz, subdirector regional de Investigaciones Noreste, el individuo fue puesto en manos del alcalde de San Francisco de Macorís a las 10:16 de la noche del 29 de julio, sin la autorización explícita del Ministerio Público y sin haber sido presentado ante el juez competente. El abogado enfatizó que el propio documento policial indica que la decisión fue acordada entre el director regional Noreste de la Policía Nacional, general Julio César Acosta Félix, y el coronel Urbáez Feliz. Se argumentaron razones de orden público y presiones políticas derivadas de manifestaciones ocurridas en la provincia.
Asimismo, Portes señaló que el oficio menciona que el alcalde se comunicó por WhatsApp con la fiscal titular de Duarte, quien respondió que aún no estaba al tanto de la detención. Esto, a juicio de Portes, demuestra que la entrega del aprehendido se llevó a cabo al margen de la intervención del Ministerio Público. El abogado también hizo referencia a una solicitud de información emitida por el fiscalizador Pedro William Concepción, donde, según él, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís deja constancia de que el detenido fue liberado sin la aprobación de la Fiscalía y pide identificar a la persona que autorizó su salida.
Portes manifestó que la actuación denunciada infringe normativas de la Constitución y del Código Procesal Penal, ya que toda persona detenida por orden judicial debe permanecer bajo la custodia del Ministerio Público y ser presentada ante la autoridad judicial dentro del plazo establecido por la Constitución. En este sentido, calificó el suceso como un “serio retroceso” para el sistema de justicia y advirtió que permitir que una autoridad política intervenga en la disposición de un detenido afecta el Estado de derecho y el principio de legalidad.
Ante esta situación, solicitó a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación penal para determinar las responsabilidades de los oficiales policiales y de la autoridad municipal implicada. Además, pidió al director general de la Policía Nacional establecer responsabilidades disciplinarias; al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, investigar una posible interferencia en una investigación penal; y a la ministra de Interior y Policía requerir un informe oficial sobre los hechos.
Finalmente, solicitó que se resguarden todos los documentos, registros, comunicaciones y grabaciones relacionadas con la aprehensión, traslado y entrega del individuo detenido, con el propósito de asegurar el desarrollo de una investigación transparente.
