La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva contra José Manuel Casado Bazil, directivo de Constructora Jocaena, S.R.L., acusado de la doble comercialización de una propiedad inmobiliaria y de infringir normativas penales y de lavado de activos. La petición se basa en una investigación que detalla cómo un apartamento fue vendido a dos partes distintas, a pesar de que los primeros compradores habían cumplido con sus pagos. El caso también evalúa el paradero de los fondos y el riesgo de fuga del imputado.
La Fiscalía ha presentado una solicitud de prisión preventiva contra José Manuel Casado Bazil, quien ejerce como gerente de Constructora Jocaena, S.R.L. Se le acusa de estar involucrado en la venta duplicada de un bien inmueble y de supuestas infracciones al Código Penal, así como a la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos. Esta medida coercitiva fue elevada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según lo establecido en la investigación, los denunciantes firmaron un acuerdo en julio de 2022 para adquirir una unidad habitacional dentro del proyecto Sol de los Océanos I, ubicado en Arroyo Hondo III, y efectuaron los desembolsos correspondientes. Sin embargo, la propiedad nunca les fue entregada y posteriormente, se presume, fue vendida a otros individuos a través de una segunda transacción respaldada por un financiamiento hipotecario.
El expediente judicial revela que una decisión emitida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional ratificó la validez del acuerdo inicial y confirmó que los compradores habían cumplido con sus obligaciones financieras, sin que existiera un motivo legal que justificara el incumplimiento por parte de la empresa constructora.
El Ministerio Público también está indagando el destino de los recursos entregados por las primeras víctimas, así como los fondos obtenidos de la segunda venta, con el fin de determinar si se realizaron acciones relacionadas con el ocultamiento o la gestión indebida del dinero. Adicionalmente, se argumenta que el acusado permaneció evadido de la justicia durante 74 días después de haberse emitido la orden de arresto, lo que, a criterio de la fiscalía, constituye un indicio de riesgo de fuga.
La audiencia destinada a considerar la medida de coerción fue pospuesta y se reanudará este viernes 31 de julio. En dicha sesión, el tribunal escuchará los argumentos presentados por el Ministerio Público, la parte querellante y la defensa. La pesquisa también busca establecer si otras personas con vínculos a la constructora participaron en los hechos.
