La Comisión Hípica Nacional, a través de su presidente Francisco Pavonessa Grullón, desmintió las acusaciones de asociaciones de bancas deportivas, señalando que algunas incurren en competencia desleal al ofrecer juegos hípicos virtuales sin la licencia requerida. La institución enfatizó que sus acciones se adhieren a la legalidad, transparencia fiscal y la protección de los derechos del sector hípico, revelando la comercialización no autorizada de productos hípicos por parte de algunos operadores.
En Santo Domingo Este, República Dominicana, la Comisión Hípica Nacional, por medio de su titular Francisco Pavonessa Grullón, negó las imputaciones hechas por agrupaciones de bancas deportivas sobre la regulación del juego de azar en el país. Asimismo, puso de manifiesto que varias de las empresas demandantes están incurriendo en una competencia desleal al vender juegos hípicos virtuales en sus establecimientos sin poseer la autorización apropiada emitida por el ente hípico. La entidad dejó claro que sus acciones se fundamentan en el principio de legalidad, la claridad fiscal y la salvaguarda de los derechos adquiridos por la industria hípica nacional.
Revelan comercialización no autorizada de productos hípicos
Frente a las acusaciones del sector de bancas deportivas, que califican de "usurpación" las funciones de la institución, la Comisión Hípica Nacional evidenció la doble moral del gremio denunciante. El organismo confirmó que, si bien diversas bancas deportivas han conseguido regularmente sus permisos para operar simulcasting y juegos virtuales, algunos operadores del ámbito deportivo están vendiendo actualmente juegos hípicos virtuales sin el documento habilitante expedido por la autoridad reguladora hípica. Esta práctica representa una infracción al marco normativo sectorial y genera una ventaja indebida frente a quienes sí han cumplido con el proceso de licenciamiento, inversión y supervisión estatal.
Datos oficiales frente a cifras desinformativas
El organismo desestimó la narrativa alarmista sobre una expansión desmedida de puntos de apuesta, aclarando que a lo largo de la historia de la institución se han otorgado 29,100 licencias para la operación de Juegos Hípicos Virtuales (JHVs) de un total de 60,000 solicitudes, una cifra muy lejana a las 70,000 o 150,000 agencias mencionadas por el gremio deportivo. De igual forma, la entidad especificó que la mayoría de estas agencias funcionan en locales ya existentes con licencias del Ministerio de Hacienda (como bancas de lotería y deportivas), una estrategia diseñada para reducir la clandestinidad y someter el juego informal al control del Estado. La posibilidad de un crecimiento incontrolado se descarta debido a la moratoria de diez años y la distancia mínima de 550 metros contempladas en el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional (Iniciativa número 06055-2024-2028-CD).
Plena sustentación jurídica y eficacia tributaria
La Comisión Hípica Nacional enfatizó que sus competencias sobre carreras de caballos, de galgos o cualquier carrera que involucre fuerza animal —sean reales, virtuales o simuladas— están respaldadas por un marco normativo especial y autónomo compuesto por la Ley número 463 de 1944, los Reglamentos Hípicos 250-94 y 352-99, contratos tecnológicos vigentes desde 2014 y el Decreto número 480-19. Pretender ignorar este entramado mediante simples interpretaciones administrativas atenta contra la seguridad jurídica y el régimen de derechos adquiridos protegidos por la Constitución de la República. En el ámbito fiscal, la entidad resaltó que el segmento de apuestas hípicas virtuales es el único sector de juegos de azar en el país cuya recaudación para el Estado se calcula sobre las ventas brutas reales monitoreadas en tiempo real. Este modelo de transparencia supera el esquema tradicional de tasas fijas desvinculadas del volumen económico real, logrando aportes impositivos históricos en beneficio del Tesoro Nacional. La Comisión Hípica Nacional reafirmó su apoyo al proyecto de Ley de Juegos de Azar que se tramita en el Congreso Nacional, confiando en que proporcionará al Estado herramientas superiores para sancionar la ilegalidad, fortalecer la fiscalización y proteger el patrimonio hípico del país.
