Desde que asumió la presidencia en 2020, Luis Abinader ha priorizado el control migratorio y la seguridad fronteriza, respondiendo a la creciente presión por la crisis haitiana. Su administración ha implementado medidas significativas, incluyendo el aumento de deportaciones, la construcción de una verja fronteriza y protocolos de atención médica para extranjeros. Sin embargo, a pesar de los avances reportados, persisten importantes desafíos en la implementación de estas políticas.
El 16 de agosto de 2020, Luis Abinader asumió la presidencia de República Dominicana, prometiendo fortalecer la seguridad en la frontera y ejercer un control más estricto sobre la inmigración no autorizada. Aunque los primeros meses de su gobierno se centraron en la pandemia de COVID-19, la situación migratoria pronto adquirió mayor importancia en su agenda. En su primer informe de gestión, el 27 de febrero de 2021, Abinader afirmó que mantendría una relación de beneficio mutuo con Haití, pero también propuso acciones para aliviar la presión migratoria en su país. Entre estas, anunció el apoyo a la documentación de ciudadanos haitianos, la venta de electricidad al país vecino y la edificación de hospitales de maternidad en territorio haitiano para evitar el desbordamiento de los centros de salud dominicanos.
Un año después, el tono de su discurso empezó a cambiar. En el informe de gestión de 2022, el mandatario comunicó que el Gobierno había iniciado un plan de reforzamiento fronterizo con el Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), intensificando la vigilancia para afrontar los riesgos derivados de la crisis haitiana. Para 2023, la atención no se limitaba exclusivamente a la vigilancia. El presidente presentó como uno de los principales logros de su administración el aumento de las deportaciones de extranjeros en situación migratoria irregular. Según su rendición de cuentas, durante el año anterior se realizaron 171,000 deportaciones, lo que representó un incremento del 102% respecto a las 85,000 registradas en 2021.
El punto de mayor transformación llegó el 6 de abril de 2025, cuando el presidente Abinader anunció un conjunto de 15 medidas que reformularon la estrategia migratoria del Gobierno. Entre las decisiones más importantes se incluyeron el envío de 1,500 soldados adicionales a la frontera, elevando el despliegue militar a 11,000 efectivos; la construcción de 13 kilómetros adicionales de verja fronteriza, que se sumarían a los 54 kilómetros ya edificados; la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios; la apertura de oficinas de control migratorio en todas las provincias; la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios; un protocolo para regular la atención de extranjeros en hospitales públicos; la creación del Observatorio de Políticas Migratorias, coordinado por el periodista Miguel Franjul; y un plan para impulsar la dominicanización de la fuerza laboral en sectores como la agricultura y la construcción.
A estas medidas se añadieron otras decisiones destinadas a fortalecer la persecución del tráfico ilegal de migrantes, modificar el funcionamiento de los mercados fronterizos, aumentar las repatriaciones con el respaldo de los gobiernos locales y destinar 2,800 millones de pesos dominicanos a un fondo para la mecanización agrícola y de la construcción, con el objetivo de reducir la dependencia de mano de obra extranjera. Un año después de ese anuncio, el Observatorio de Políticas Migratorias presentó su primer informe sobre la ejecución de las 15 medidas. El reporte concluyó que varias de ellas alcanzaron niveles de cumplimiento superiores al 100%, algunas incluso superando el 137% de las metas previstas, mientras otras apenas registraron avances cercanos al 20%, lo que demuestra que la implementación de la política migratoria ha tenido resultados desiguales.
Pero más allá de los informes oficiales, las estadísticas y los comunicados presidenciales, surge una pregunta esencial: ¿Qué ha cambiado verdaderamente en seis años de política migratoria?
La frontera: el mayor reforzamiento de las últimas décadas, pero con dificultades persistentes.
Desde el inicio de su mandato, el presidente aseguró que uno de sus propósitos principales sería intensificar la vigilancia en los casi 392 kilómetros que dividen a República Dominicana de Haití. El punto de mayor fortalecimiento se alcanzó con las 15 medidas anunciadas el 6 de abril de 2025, donde se incrementó a 11,000 el número de militares desplegados permanentemente en la frontera. La medida también consideró el fortalecimiento del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), con el objetivo de aumentar los patrullajes y disminuir los cruces irregulares. El Gobierno también comunicó la expansión de la verja perimetral inteligente. A los 54 kilómetros construidos en la primera fase se sumó la licitación de 13 kilómetros adicionales, principalmente en las provincias de Dajabón y Elías Piña, consideradas dos de las zonas con mayor presión migratoria.
La vigilancia también incorporó nuevas herramientas tecnológicas. El plan oficial contempló cámaras de monitoreo, torres de observación, drones, sistemas de comunicación y un mayor número de vehículos para reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de Migración. No obstante, la frontera no se controla únicamente desde los destacamentos militares. Durante un recorrido realizado por N Digital en la provincia de Dajabón, se pudo confirmar la presencia constante de militares, mayores controles vehiculares y operativos de verificación de documentos en los principales puntos fronterizos.
También se verificó que la verja fronteriza está construida en los tramos habilitados por el Gobierno, mientras continúan los trabajos de expansión anunciados en la segunda fase del proyecto. Sin embargo, el recorrido también reveló otra realidad. Las propias autoridades reconocen que el control absoluto de la frontera representa uno de los mayores desafíos para el Estado dominicano. Por esa razón, además del aumento de soldados y de la construcción del muro, el Gobierno decidió fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Migración mediante la incorporación de 750 nuevos agentes, quienes serían distribuidos en distintas provincias del país para reforzar los operativos migratorios.
Como parte de esa estrategia también se anunció la instalación de oficinas migratorias en todas las provincias y la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios, con el propósito de perseguir las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas y fortalecer la aplicación de la Ley General de Migración.
El Observatorio de Políticas Migratorias, establecido por el Poder Ejecutivo para monitorear las 15 medidas, concluyó en su primer informe que las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la frontera presentan algunos de los mayores niveles de ejecución dentro del plan gubernamental. Cada día miles de personas cruzan legalmente por los puestos habilitados para actividades comerciales, mientras las autoridades mantienen operativos para impedir los ingresos irregulares y combatir el tráfico de migrantes.
Las deportaciones: la principal tarjeta de presentación del Gobierno.
Durante los seis años de la administración de Luis Abinader, las repatriaciones aumentaron de forma constante hasta alcanzar cifras sin precedentes, convirtiéndose en uno de los principales argumentos del Gobierno para asegurar que ha recuperado el control migratorio del país. El aumento comenzó desde los primeros años de gestión. En su rendición de cuentas de 2023, el presidente informó que durante el año anterior fueron deportados 171,000 extranjeros, cifra que representó un incremento del 102% en comparación con las 85,000 deportaciones registradas en 2021.
Sin embargo, el mayor salto ocurrió a partir de la profundización de la crisis haitiana y del endurecimiento de las medidas migratorias. De acuerdo con los datos oficiales, entre octubre de 2024 y abril de 2026 fueron deportados más de 226,000 extranjeros en situación migratoria irregular, como parte del plan especial ejecutado por la Dirección General de Migración con apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. Para alcanzar esos resultados, el Gobierno reforzó significativamente la capacidad operativa de la Dirección General de Migración. El director de Migración, Lee Ballester, dijo que, en promedio, en el país se realizan aproximadamente 1,000 deportaciones diarias. Informó que la Dirección de Migración recibió un incremento presupuestario de 2,000 millones de pesos por parte del Gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta y control migratorio, para un presupuesto general de 5,000 millones de pesos.
Según el informe de seguimiento elaborado por el Observatorio de Políticas Migratorias, las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Dirección General de Migración presentan uno de los mayores niveles de cumplimiento dentro de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno. Al referirse al costo de una deportación, dijo que esa información se encuentra en proceso, pero que el 58% del presupuesto de la institución se destina a control migratorio. Especialistas en migración consultados para este trabajo señalan que el número de deportaciones refleja una mayor capacidad operativa del Estado, pero advierten que ese indicador, por sí solo, no permite medir el éxito de una política migratoria. Explican que también deben analizarse factores como el control efectivo de la frontera, la reincidencia de quienes son repatriados, el combate a las redes de tráfico de migrantes y la capacidad institucional para sostener esas acciones en el tiempo. La propia Dirección General de Migración ha reconocido que el fortalecimiento institucional continuará siendo una prioridad, mientras el Gobierno mantiene operativos permanentes en diferentes provincias y puntos de control del país.
Los hospitales: el protocolo que transformó la atención a pacientes extranjeras.
Durante años, las maternidades y hospitales públicos estuvieron en el centro del debate migratorio. El aumento de pacientes extranjeras, principalmente haitianas, generó discusiones sobre el impacto económico en el sistema de salud, la capacidad hospitalaria y el acceso a los servicios. Con el endurecimiento de la política migratoria, el Gobierno decidió llevar el control migratorio hasta los centros de salud.
El presidente Luis Abinader anunció la implementación de un protocolo para regular la atención de pacientes extranjeras en los hospitales públicos. La disposición estableció que toda persona extranjera atendida en un centro de salud debía presentar un documento de identidad, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país. En los casos en que el paciente no cumpliera con esos requisitos, una vez recibiera la atención médica de emergencia y estuviera en condiciones de ser dado de alta, sería puesto a disposición de la Dirección General de Migración para el proceso correspondiente, respetando los principios de asistencia humanitaria y el derecho a la salud. El protocolo comenzó a aplicarse en 33 hospitales públicos, seleccionados porque concentraban alrededor del 75% de los partos de mujeres extranjeras en situación migratoria irregular, según los datos oficiales.
Las cifras del Gobierno.
El Gobierno sostiene que la medida produjo un cambio inmediato. Según el informe del Observatorio de Políticas Migratorias, los partos de madres haitianas en hospitales públicos pasaron de 10,163 a 4,379, lo que representa una reducción del 56.9% tras la implementación del protocolo. Otro de los indicadores utilizados por las autoridades es la reducción de las muertes maternas. De acuerdo con el informe oficial, estas descendieron de 74 a 49, para una disminución del 33.7%. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 26,536 partos en los hospitales públicos, frente a 31,147 en el mismo período de 2025, una reducción del 14.8%. La disminución estuvo impulsada principalmente por la caída en los partos de madres haitianas, que pasaron de 10,163 entre enero y mayo de 2025 a 4,379 en igual período de 2026, es decir, 5,784 nacimientos menos, equivalente a una reducción del 56.9%, tras la entrada en vigor del protocolo hospitalario para pacientes extranjeros.
En contraste, los partos de madres dominicanas aumentaron de 20,914 a 22,074, para un crecimiento del 5.5%, mientras que los nacimientos de madres de otras nacionalidades se mantuvieron prácticamente estables, con 83 casos en 2026 frente a 70 en 2025. Los datos también muestran diferencias en la vía del nacimiento: el 60.3% de las madres dominicanas dio a luz mediante cesárea, mientras que entre las madres haitianas predominó el parto vaginal, con el 61.8% de los casos. Además, las mujeres de 20 a 24 años concentraron la mayor cantidad de partos (8,092), seguidas por las de 25 a 29 años, con 6,521 alumbramientos. La implementación del protocolo ha sido respaldada por sectores que consideran necesario ordenar el acceso de extranjeros a los servicios públicos y reducir la presión financiera sobre el sistema de salud. Al mismo tiempo, organismos nacionales e internacionales han insistido en que las medidas migratorias deben ejecutarse garantizando el derecho a la atención médica de emergencia y respetando los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana en materia de derechos humanos.
La directora provincial de Salud de Dajabón y coordinadora de las zonas fronterizas de Salud Pública, Dra. Zaberkis Rodríguez, atribuyó la reducción de las parturientas extranjeras a las políticas migratorias implementadas por el Gobierno. La funcionaria afirmó que, además del fortalecimiento de los controles epidemiológicos en los pasos fronterizos, las medidas adoptadas han permitido disminuir la cantidad de embarazadas extranjeras que acuden a los hospitales públicos, lo que, según sostuvo, ha reducido la presión sobre el presupuesto del sistema de salud. “Podemos exhibir una disminución de casos de parturientas extranjeras, que era un gran problema de salud debido a que se llevaba un gran presupuesto de todo lo que era el presupuesto de salud de nuestra nación. Los datos están ahí, se pueden buscar y confirmar que todos son logros de las buenas políticas que ha implementado nuestro señor presidente Luis Abinader”, expresó.
Construcción y agricultura.
Durante décadas, la agricultura y la construcción han dependido, en gran medida, de la mano de obra haitiana. Desde las plantaciones agrícolas hasta las grandes edificaciones de las principales ciudades, miles de trabajadores extranjeros han ocupado puestos que, según empresarios de ambos sectores, han sido difíciles de cubrir con mano de obra dominicana. La construcción y la agropecuaria son las actividades económicas con mayor presencia de mano de obra extranjera. En el sector construcción, el 98.5% de los trabajadores extranjeros proviene de Haití, de acuerdo con el informe “Mercado laboral y mano de obra extranjera en el sector construcción en República Dominicana”, realizado por el Instituto Nacional de Migración (Inmrd).
En cifras absolutas, 87,924 haitianos estaban empleados en este sector para 2017, lo que representaba el 17.6% del total de los extranjeros de origen haitiano (497,825 en el mismo año), según datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017). El estudio reciente, con base en estimaciones, indica que la mano de obra haitiana aumentó considerablemente entre 2018 y 2023. La investigación indica que, cinco años antes, en 2012, había 73,372 haitianos ocupados en la construcción, lo que significa un crecimiento de más de 14,000 trabajadores haitianos en este rubro entre ambas encuestas. En general, la población ocupada extranjera en República Dominicana aumentó de 524,632 en 2012 a 570,933 en 2017, y los haitianos continuaron siendo mayoría, pasando de 458,233 a 497,825 personas, es decir, más del 87% de los inmigrantes en ambos períodos. En cuanto a la ocupación, el 86.3% de los extranjeros empleados en construcción eran haitianos en 2017. Además, el 26.3% del total de haitianos ocupados trabajaba en construcción, mientras que el 61.6% se desempeñaba entre este sector y la agricultura.
De acuerdo con estimaciones realizadas, basadas en las encuestas y el crecimiento del empleo, la demanda de trabajadores haitianos en construcción habría aumentado entre 2018 y 2023. Las cifras proyectaron un crecimiento de esta mano de obra de 86,984 en 2018 hasta 111,238 trabajadores nacidos en Haití en 2023. A su vez, el empleo total en el sector construcción también creció de 354,061 en 2018 a 395,722 en 2023. El informe destaca que el empleo en construcción representa alrededor del 13% del empleo total del país, una proporción estable durante el período. Consciente de esa realidad, el Gobierno incluyó este tema entre las principales acciones de su política migratoria. El presidente Luis Abinader dispuso la implementación de un proceso de dominicanización del empleo, acompañado de un programa de mecanización para disminuir progresivamente la dependencia de trabajadores extranjeros en sectores estratégicos de la economía.
Como parte de ese plan, el Poder Ejecutivo anunció la creación de un fondo de 2,800 millones de pesos dominicanos, destinado a financiar la mecanización de actividades agrícolas y de la construcción, con el objetivo de aumentar la productividad y reducir la necesidad de mano de obra intensiva. Las medidas también contemplaron el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento del Código de Trabajo, que establece que al menos el 80% de los trabajadores de una empresa deben ser dominicanos, salvo las excepciones previstas en la legislación. Para verificar si esa transformación comenzó a materializarse, N Digital recorrió proyectos de construcción y zonas agrícolas. En las obras visitadas, la presencia de trabajadores haitianos continúa siendo significativa. El Gobierno sostiene que el fondo de 2,800 millones de pesos dominicanos permitirá acelerar la mecanización agrícola y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías para reducir la dependencia de mano de obra extranjera.
La visión de Menamird.
El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados (Menamird), William Charpentier, considera que, aunque el Gobierno ha incrementado las deportaciones y reforzado el control migratorio, los resultados no han sido los esperados. En materia de deportaciones, sostuvo que la meta oficial de 10,000 repatriaciones semanales nunca llegó a cumplirse y aseguró que persiste un “círculo vicioso”, ya que muchos haitianos deportados regresan al país poco tiempo después. Afirmó además que continúan las denuncias por supuestas violaciones de derechos humanos y que el incremento de los controles ha elevado el costo que cobran las redes dedicadas al tráfico de migrantes.
Sobre la militarización de la frontera, Charpentier entiende que el Gobierno ha sobredimensionado la situación al presentar la zona como un escenario de riesgo constante. A su juicio, a pesar del reforzamiento militar, la frontera sigue siendo un espacio de intercambio comercial y convivencia entre dominicanos y haitianos, por lo que considera que la estrategia no ha logrado detener completamente el flujo migratorio irregular. Respecto al protocolo aplicado en los hospitales públicos, afirmó que la demanda de servicios por parte de la población migrante se redujo hasta en un 67% tras su implementación. Sin embargo, sostuvo que esa disminución no se ha traducido en una mejora del sistema de salud, por lo que rechaza la narrativa de que la crisis hospitalaria era consecuencia de la atención a pacientes haitianos.
También calificó el protocolo como una medida que vulnera derechos fundamentales y que, a su juicio, contradice la Constitución y tratados internacionales suscritos por República Dominicana. El dirigente aseguró además que los inmigrantes realizan un aporte importante a la economía nacional. Citó estudios de sociólogos y economistas que estiman que la población migrante contribuye entre 14% y 16% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que entiende que no existe una correspondencia entre ese aporte y los beneficios que reciben en servicios públicos. En cuanto al enfoque de la política migratoria, Charpentier manifestó que el tema no debe abordarse desde la seguridad nacional, sino desde una perspectiva de desarrollo humano. Argumentó que la mayoría de los migrantes son personas trabajadoras que buscan mejores condiciones de vida y señaló que la población extranjera representa menos del 7% de la población penitenciaria del país, por lo que, a su juicio, no constituye una amenaza para la seguridad pública.
Como propuestas, planteó que el Gobierno adopte un enfoque más humano de la migración, garantice el debido proceso en las deportaciones e individualice cada caso, especialmente el de personas con años de residencia, arraigo familiar y empleo estable. Asimismo, propuso implementar un plan de documentación para trabajadores extranjeros que demuestren permanencia y vínculo laboral en el país, con el fin de incorporarlos plenamente al mercado formal y al sistema de seguridad social.
Seis años después: una política migratoria que transformó el país, pero que aún enfrenta grandes desafíos.
Cuando Luis Abinader asumió la Presidencia en agosto de 2020, prometió fortalecer el control migratorio y proteger la soberanía nacional frente al agravamiento de la crisis haitiana. Seis años después, esa política se ha convertido en una de las principales banderas de su gestión, con medidas que incluyeron el reforzamiento de la frontera, la construcción de la verja perimetral, el aumento de las deportaciones, el fortalecimiento de la Dirección General de Migración y la implementación de un protocolo para pacientes extranjeras en hospitales públicos. Las cifras oficiales muestran avances en varios indicadores, como el incremento de las deportaciones, la reducción de los partos de madres haitianas en hospitales públicos y el fortalecimiento del control fronterizo con 11,000 militares desplegados, la ampliación del muro y la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios.
Sin embargo, el recorrido realizado por N Digital evidenció que persisten desafíos, como el tráfico irregular en la frontera y la dependencia de mano de obra haitiana en sectores como la construcción y la agricultura. La política migratoria dejó de ser una responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Migración para convertirse en una estrategia de Estado que involucra a múltiples instituciones. Aunque las acciones relacionadas con la seguridad fronteriza y las deportaciones muestran resultados visibles, otras, como la dominicanización del empleo y la mecanización de sectores productivos, avanzan a un ritmo más lento y continúan siendo algunos de los principales retos para el país.
