La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha inhabilitado a 81 funcionarios, incluyendo 11 senadores, del Registro de Proveedores del Estado (RPE) en 2026. Esta medida responde a la entrada en vigor de la Ley 47-25, que prohíbe cualquier tipo de participación societaria o directiva de funcionarios públicos en empresas proveedoras del Estado, a diferencia de la normativa anterior.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) comunicó este miércoles la suspensión automática de 81 inscripciones en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a servidores públicos electos y designados durante el transcurso de 2026. Esta acción se enmarca dentro de la aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual entró en vigencia en enero del presente año.
La entidad explicó que la inhabilitación de los RPE de 11 senadores, efectuada el pasado 19 de junio, forma parte de la implementación del nuevo marco legal. Dicho marco establece un régimen de impedimentos absolutos para aquellos que ocupan cargos públicos, tanto por elección como por designación.
Según la DGCP, a diferencia de la derogada Ley 340-06, que posibilitaba a funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos mantener hasta una décima parte de participación accionaria en empresas que fueran proveedoras del Estado, la Ley 47-25, en su artículo 38, veta cualquier tipo de participación en sociedades, sin importar el porcentaje. Asimismo, prohíbe el desempeño de roles de dirección, gerencia o la integración en consejos de administración.
La institución recordó que el 13 de febrero de 2026 emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, por medio de la cual concedió un lapso de 15 días hábiles para que los funcionarios incluidos en las causas de impedimento solicitaran voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado. Una vez concluido ese período, indicó, procedió a realizar las suspensiones de oficio, conforme a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
De igual modo, señaló que los cotejos de datos, las verificaciones y los procedimientos de diligencia debida que originaron el acto administrativo DGCP44-2026-002424 son parte de las labores habituales para asegurar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
Aclaran que no es una sanción
La DGCP enfatizó que la suspensión del RPE no representa una sanción de tipo administrativo ni una medida punitiva, sino una disposición de carácter preventivo. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de las inhabilidades contempladas en la Ley 47-25 mientras los funcionarios se mantengan en el ejercicio de sus responsabilidades.
591 registros también fueron suspendidos bajo la ley anterior
La institución informó que, además de los 81 registros suspendidos bajo la nueva normativa, entre 2020 y 2025 inhabilitó de manera automática 591 Registros de Proveedores del Estado. Estos correspondían a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales elegidas para el período 2024-2028 y sociedades comerciales relacionadas, en acatamiento de las disposiciones del artículo 14 de la entonces vigente Ley 340-06.
