La Fiscalía ha solicitado una prórroga de cuatro meses para formalizar la acusación contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y nueve personas más. Este proceso se enmarca en una investigación por una supuesta estafa multimillonaria al Estado dominicano, donde se les imputan diversos delitos como prevaricación y lavado de activos. La decisión sobre la extensión del plazo recaerá en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El órgano acusador ha pedido una ampliación de cuatro meses para presentar los cargos formales contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve individuos involucrados en la pesquisa por un presunto fraude masivo contra la República Dominicana. La petición fue entregada a la magistrada coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.
El expediente será remitido al magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá informar a todas las partes y, posteriormente, fijar una audiencia para deliberar sobre la solicitud de prórroga.
Junto a Hazim, los señalados como implicados son Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco cumplen medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También están bajo investigación Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario y, según la Fiscalía, reconocieron ante el tribunal haber efectuado pagos de sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa. Estas admisiones fueron consideradas para imponerles una medida de coerción distinta a la prisión preventiva.
El grupo es señalado por el Ministerio Público de integrar una red que supuestamente habría estafado al Estado dominicano por un monto superior a los RD$15,000 millones, aunque indagaciones posteriores han elevado la cifra presuntamente defraudada por encima de los RD$19,000 millones.
De acuerdo con la acusación preliminar, las operaciones examinadas se habrían desarrollado entre 2020 y 2025, afectando recursos del sistema público de salud. A los encausados se les imputan delitos por conspiración de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, fraude contra el Estado, desfalco, recepción de sobornos, lavado de activos, y falsificación y empleo de documentos falsos.
El Ministerio Público sostiene que la investigación sigue en curso y que aún hay otras personas físicas y jurídicas bajo escrutinio, por lo que la petición de prórroga busca extender el plazo disponible para completar las diligencias antes de presentar formalmente la acusación ante el tribunal.
