Tras recientes sismos en la región, la vulnerabilidad de las naciones del hemisferio ha cobrado relevancia. La República Dominicana enfrenta desafíos significativos debido a construcciones irregulares y la falta de preparación estructural en zonas de alto riesgo. Un sistema de alerta temprana es crucial, pero la seguridad de las edificaciones es fundamental para mitigar el impacto de futuros desastres naturales.
A raíz de los movimientos telúricos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio y en Colombia el 10 de agosto, la discusión sobre la fragilidad a la que están expuestos los países del continente ha vuelto a captar la atención pública. Diversos informes de N Digital han resaltado la importancia de que el Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-M) de la República Dominicana cuente con herramientas esenciales, como la instalación de boyas y sensores submarinos con tecnología DART (Evaluación y Notificación de Tsunamis en Aguas Profundas) y sirenas en puntos estratégicos. No obstante, además de los sistemas de aviso, la política de prevención de catástrofes futuras se enfrenta a otros retos relacionados con miles de edificaciones levantadas sin autorizaciones, otras construidas sobre o cerca de arroyos, y miles de viviendas apiñadas, sin espacio adecuado para el tránsito de vehículos o equipos de rescate. Basta con observar la situación de muchos habitantes en Herrera, Los Alcarrizos y La Zurza, entre otros barrios. Aunque en la parte central del Distrito Nacional existen vías y avenidas en buen estado, no se puede ignorar que en sus 91 kilómetros cuadrados residen aproximadamente 11,000 personas por kilómetro cuadrado. Esto plantea una interrogante: ¿de qué sirve detectar un evento catastrófico con antelación si las construcciones donde la gente habita o trabaja no están diseñadas para resistirlo?
LA ADVERTENCIA NO SUSTITUYE LA SOLIDEZ ESTRUCTURAL
La República Dominicana se localiza en una zona de actividad sísmica, donde la susceptibilidad también depende de la resistencia de las infraestructuras y de los peligros a los que están expuestas. Una alerta puede ganar segundos, pero la calidad de las estructuras puede determinar la magnitud de las pérdidas o salvaciones de vidas. Un sistema de aviso temprano no impide un terremoto ni puede reemplazar el diseño estructural, el cumplimiento de normativas, los permisos de construcción, la supervisión, la fiscalización, los estudios de suelo, la planificación urbana, el mantenimiento, el refuerzo de construcciones existentes y la educación de la ciudadanía, entre otros aspectos.
En julio de este año, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) afirmó que la República Dominicana afronta un considerable riesgo sísmico, debido al prolongado periodo de inactividad de la Falla Septentrional, que ha acumulado cerca de 80 años sin provocar un gran sismo. La institución instó a mejorar la calidad de las edificaciones, la vigilancia técnica, la preparación ciudadana y la protección financiera para disminuir el impacto de un posible evento de gran magnitud. La ingeniera sísmica de INTEC, Claudia Germoso, añadió: “Lo que sucedió en Venezuela podría replicarse en República Dominicana”.
El territorio dominicano se sitúa en el límite activo entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe y posee aproximadamente 18 fallas geológicas activas. Explicó que las dos con mayor potencial destructivo son la Falla de Enriquillo, en la región sur, y la Falla Septentrional, que atraviesa el norte del país, desde Montecristi hasta Samaná. Germoso detalló que la Falla Septentrional tiene un ciclo promedio de grandes sismos de unos 50 años. Señaló que el último terremoto de gran escala originado en esta falla ocurrió en Samaná en 1946 y generó un tsunami. Por lo tanto, el país acumula un silencio sísmico de 80 años. “Estamos esperando un acontecimiento de proporciones significativas. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, y la población debe estar completamente preparada”, enfatizó la especialista.
Asimismo, se resaltó el potencial de fallas submarinas como la Trinchera de los Muertos, cuyo trazado afecta directamente al Gran Santo Domingo. “Nadie se enamora del fémur, sino de la piel que lo recubre. Del mismo modo, en el desarrollo inmobiliario se tiende a priorizar la estética visual, los acabados y las fachadas, olvidando que el esqueleto de la edificación y la incorporación de muros de corte son lo único que garantiza espacios de supervivencia cuando la estructura se desploma”, indicó el ingeniero Luis Abbott, experto en ingeniería estructural con más de 40 años de experiencia docente en INTEC.
EDIFICACIONES Y CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN
Por un lado, la República Dominicana está mejorando sus sistemas de alerta y respuesta ante emergencias, pero la efectividad de esa inversión podría verse comprometida si el país no logra identificar, controlar y disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones construidas sin permisos, con deficiencias técnicas o sin una fiscalización adecuada. Un informe de N Digital, publicado el 16 de julio, reveló un dato importante: 4,163 construcciones registradas frente a 1,362 autorizaciones para edificaciones privadas durante 2025. Esto representa una diferencia de 2,801 proyectos.
El propio Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) establece que la licencia de construcción tiene como propósito asegurar la evaluación, validación y aprobación de los proyectos conforme a los requerimientos técnicos, legales y normativos. El MIVHED ya presentó el Plan de Modernización de la Permisología, para transformar el proceso de aprobación de licencias de construcción mediante cambios tecnológicos, normativos, técnicos y administrativos. Informó que, entre enero y julio de 2026, la institución emitió 1,122 licencias de construcción, en comparación con las 605 otorgadas en el mismo periodo de 2025. La cifra supera además las 953 licencias expedidas durante todo el año anterior. Solo en julio, el MIVHED autorizó 201 licencias, la mayor cantidad registrada en un mes desde la creación del ministerio en 2021.
Según los datos presentados por la institución, los proyectos aprobados entre enero y julio representan cerca de RD$407 mil millones en inversión privada facilitada, frente a RD$150,163 millones reportados en 2025, lo que implica un aumento del 171 %. Fuentes del sector consultadas explican que parece que la capacidad de construir está creciendo más rápidamente que la del Estado para verificar que cada estructura cumpla con las normas de seguridad. Porque el riesgo mencionado no se encuentra solo bajo los pies, sino también sobre la cabeza de cada ciudadano.
EL DESARROLLO VERTICAL INCREMENTA LA EXPOSICIÓN
Esto adquiere mayor relevancia debido al crecimiento en altura que ha experimentado la República Dominicana. Otro reportaje de N Digital indica que, según el Registro de Ofertas de Edificaciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en su segunda edición de 2025, había aproximadamente 16,408 apartamentos y 68 casas a la venta en el territorio. El Gran Santo Domingo debe ser analizado como un laboratorio de riesgo. El Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste requieren evaluaciones que consideren el nivel de vulnerabilidad, la densidad poblacional, la altura de los edificios, las construcciones sin permisos, los arroyos, las inundaciones, las rutas de evacuación y la infraestructura crítica, entre otros factores. Ya se ha explicado que un terremoto de gran magnitud no crea vulnerabilidades, sino que las evidencia.
LOS ARROYOS CONCENTRAN MÚLTIPLES PELIGROS
Los arroyos representan áreas especialmente vulnerables cuando son ocupadas de forma desordenada por el crecimiento urbano. Un arroyo puede acumular varios riesgos simultáneamente. Las lluvias intensas pueden provocar desbordamientos; la acumulación de desechos y aguas contaminadas puede generar peligros sanitarios; la ocupación urbana aumenta la exposición de la población, y ciertas condiciones del suelo pueden influir en el comportamiento de las edificaciones durante un movimiento sísmico. A esto se suman construcciones deficientes que pueden presentar una mayor fragilidad estructural y sufrir daños durante un eventual sismo, dependiendo de las condiciones locales, el tipo de terreno, el sistema constructivo, el diseño y la calidad de la obra.
LA ALTAGRACIA BAJO ANÁLISIS
En la provincia La Altagracia, según los datos de la ONE utilizados en un informe previo, se registraron 1,642 construcciones frente a 264 permisos para edificaciones privadas durante 2025. La diferencia es de 1,378 proyectos, equivalente a aproximadamente el 83 % de las construcciones registradas en esa provincia. Este dato no implica automáticamente que esas edificaciones hayan sido levantadas ilegalmente, pero sí plantea una pregunta que requiere una explicación oficial: ¿qué factores administrativos, estadísticos o constructivos justifican la diferencia entre las construcciones registradas y los permisos concedidos? La respuesta es fundamental para determinar hasta qué punto la expansión urbana está acompañada por mecanismos suficientes de planificación, autorización, supervisión y seguridad. La pregunta de fondo persiste: si un sistema de alerta puede advertir a la población de que se aproxima un peligro, ¿qué tan preparada está la ciudad para resistirlo?
