Un juez confirmó la medida de arresto domiciliario para uno de los acusados en la red de sobornos de la Operación Lobo, que distribuyó más de 108 millones de pesos en coimas por contratos de seguridad. La decisión afecta a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien es procesado junto a otras trece personas y entidades. La audiencia preliminar del caso ha sido fijada para el 7 de septiembre.
A petición del Ministerio Público, un magistrado validó el jueves la medida coercitiva de reclusión domiciliaria para uno de los imputados de integrar el entramado delictivo que entregó dádivas por más de 108 millones de pesos con el fin de obtener contratos de seguridad privada en diversas entidades estatales del país. La disposición fue confirmada para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, antiguo responsable de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien enfrenta un proceso judicial junto a otras trece personas físicas y jurídicas ligadas al expediente.
Los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público en la vista judicial donde el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, reafirmó la medida de coerción contra el procesado. En la misma audiencia, el magistrado modificó la modalidad de presentación de la fianza de 5 millones de pesos en efectivo a contrato para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).
“En este caso, los imputados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez solicitaron una modificación de la medida de coerción”, señaló la fiscal Pichardo al responder preguntas de los periodistas a la salida del tribunal. “En el asunto de Bolívar Fernández, el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. En el caso de Quilvio Rodríguez, lo que se hizo fue una alteración de la forma de cumplimiento; estamos hablando de una garantía económica de 5 millones de pesos, que debía pagarse en efectivo, y el tribunal determinó que fuera mediante contrato”, precisó la portavoz del Ministerio Público, quien comunicó a la prensa que la audiencia preliminar de este proceso ha sido programada para el próximo 7 de septiembre.
El pasado mes de julio, el Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura de juicio para 14 personas físicas y jurídicas que conformaban la red de sobornos. Por este caso, también están acusados Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Asimismo, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste. El expediente, igualmente, incluye a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las entidades jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, ambas propiedad del imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El expediente detalla que las coimas identificadas ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los responsables de la seguridad institucional de diversas dependencias públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que se originó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual identificó la existencia de una organización criminal dedicada a estafar al Estado dominicano a través de la manipulación de contratos y la solicitud sistemática de sobornos a cambio de favorecer a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las indagaciones establecieron que la empresa Senase, durante los periodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios de las mencionadas instituciones públicas. Estos pagos se efectuaron mediante diversas estrategias o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con la finalidad de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
