Un juez ha ratificado la medida de arresto domiciliario para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana. Se le acusa de integrar una red que, según la investigación, distribuyó más de 108 millones de pesos en sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en entidades estatales. Esta decisión judicial forma parte del proceso contra catorce personas y empresas vinculadas a la denominada Operación Lobo.
A petición del Ministerio Público, un magistrado confirmó la medida de coerción de reclusión en el hogar para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien fue el responsable de Seguridad de Edenorte Dominicana. Este individuo está imputado de ser parte de una estructura que, conforme al expediente, repartió coimas por más de 108 millones de pesos dominicanos para conseguir acuerdos de seguridad privada en diversas entidades gubernamentales. Fernández Espinal está siendo juzgado junto a otros trece individuos y entidades jurídicas involucradas en el caso descubierto a través de la Operación Lobo.
La determinación fue tomada por el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, durante una sesión judicial en la que el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto.
En la misma sesión, el tribunal modificó la forma de la garantía económica impuesta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y estableció que los 5 millones de pesos dominicanos fijados inicialmente en efectivo se presenten mediante un contrato.
“En esta ocasión, los imputados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez solicitaron una modificación de la medida de coerción”, detalló la fiscal Pichardo a los reporteros. “En el caso de Bolívar Fernández, el juez mantuvo la medida de reclusión domiciliaria en su contra. En el caso de Quilvio Rodríguez, lo que se hizo fue una variación en la modalidad de cumplimiento; hablamos de una garantía económica de 5 millones de pesos, que debía pagarse en efectivo, y el tribunal decidió que se hiciera por contrato”, precisó.
La representante del Ministerio Público comunicó además que la audiencia preliminar se programó para el próximo 7 de septiembre.
El Ministerio Público presentó en julio una acusación y pidió el inicio de juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas como integrantes de la red. Entre los imputados se encuentran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste.
También están acusados Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente incluye además a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
Según la acusación, los pagos ilícitos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, monto que habría sido solicitado y recibido por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios imputados.
La investigación fue llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el expediente, la red habría operado mediante la manipulación de contratos y la exigencia de sobornos a cambio de favorecer a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que Senase, durante los periodos 2012-2020 y 2020-2025, habría efectuado pagos ilícitos a funcionarios de varias instituciones mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el objetivo de mantener los contratos adjudicados a la empresa.
