Una investigación reciente ha destapado la operación ilícita de un banco de sangre en Santo Domingo Este, que funcionaba sin las licencias sanitarias pertinentes y con serias deficiencias en sus procesos. Este centro, identificado como CEDALAB, operó durante años al margen de la ley, poniendo en riesgo la seguridad de las transfusiones y la salud pública. Las autoridades intervinieron y ordenaron su cierre, exponiendo un negocio lucrativo y sin control en torno a un recurso vital.
La sangre, que a menudo representa la delgada línea entre la vida y la muerte, también puede transformarse en un comercio ilegal. Una pesquisa periodística descubrió un establecimiento de procesamiento sanguíneo en Santo Domingo Este que operaba sin los permisos sanitarios necesarios, presentando carencias en su equipamiento, gestión de residuos, análisis de muestras y sistemas de control para asegurar la inocuidad de las unidades destinadas a transfusiones. Este lugar, conocido como CEDALAB, habría estado activo por años a pesar de no poseer la habilitación obligatoria del Ministerio de Salud Pública. Luego de una visita de investigación y la recolección de pruebas, las autoridades llevaron a cabo una inspección y procedieron a su clausura.
Cinco años de funcionamiento sin licencia y con serias deficiencias
CEDALAB, situado en Santo Domingo Este, ofrecía servicios de laboratorio y banco de sangre durante varios años sin la acreditación requerida para su actividad. Su propietaria, Manuela Cedano Valdez, afirmó durante la investigación que poseía una certificación de “no objeción a planos”. Sin embargo, este documento no es equivalente a una autorización de operación, como ella misma reconoció en la entrevista. La información obtenida a través de una solicitud de acceso libre a la información pública revela que el establecimiento inició en junio de 2023 el trámite para la no objeción de planos. En la evaluación se identificaron múltiples observaciones relacionadas con las áreas de procesamiento, esterilización, manejo de desechos y las condiciones para el personal. Aunque en julio de ese año obtuvo la certificación de no objeción a los planos, esto no le otorgó permiso para funcionar. La inspección posterior de la Dirección de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud confirmó que CEDALAB funcionaba sin licencia y con condiciones incompatibles para un banco de sangre.
El director de Habilitación, Juan Gerardo Mesa, explicó que la Ley General de Salud 42-01 exige la posesión de una licencia para abrir las puertas al público. Entre las irregularidades encontradas se mencionan deficiencias en el personal, falta de instrumental, reactivos caducados —algunos desde 2022—, ausencia de registros de mantenimiento, falta de un espacio adecuado para refrigerar y guardar sangre y reactivos, así como condiciones inapropiadas para la gestión de residuos biológicos. La inspección también verificó que el establecimiento carecía de elementos fundamentales para una extracción segura, como sellador y mezclador de bolsas de sangre, bolsas rojas para desechos, incinerador, cilindro de oxígeno y botiquín de primeros auxilios. Tampoco disponía de una nevera apta para conservar las unidades de sangre ni de un área adecuada para la evaluación de los donantes. Ante estas anomalías, Salud Pública ordenó la clausura del centro. “Ahí no existe garantía de calidad, ni de ninguno de los procesos”, advirtió Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación.
Compensación por la sangre y uso de pruebas rápidas
La falta de licencia no fue la única irregularidad detectada en este establecimiento. La investigación también documentó un esquema de donación remunerada. Testimonios recogidos durante el reportaje indican que personas acudían al centro para vender su sangre a cambio de dinero. Uno de los relatos asegura que los pagos podían oscilar entre RD$1,000 y RD$1,200 por cada donación. La propia dueña reconoció en la entrevista que adquiría sangre y que, posteriormente, podía comercializar una pinta por aproximadamente RD$5,000, dependiendo de los gastos involucrados. La situación se agrava por las condiciones de algunos de los donantes. Testimonios obtenidos mediante llamadas telefónicas sugieren que personas con problemas de adicción acudían a vender sangre al establecimiento. La propietaria admitió que realizaba pruebas rápidas antes de la extracción de sangre y que, después, enviaba muestras a otros laboratorios para análisis. El problema, según expertos consultados, es que las pruebas rápidas de membrana no ofrecen la misma fiabilidad que los procedimientos establecidos para el cribado de sangre destinada a transfusión. El director de la Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, César Matos, advierte que los bancos de sangre no deben emplear pruebas rápidas como método para asegurar la inocuidad de una unidad. El riesgo se relaciona, entre otros factores, con el llamado período de ventana, durante el cual una infección puede estar presente sin ser identificada por ciertas pruebas. La sangre para transfusión debe someterse a un proceso de cribado que permita descartar enfermedades como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, además de cumplir con controles de procesamiento, almacenamiento y trazabilidad. La inspección de Salud Pública encontró que CEDALAB no cumplía con las condiciones mínimas para garantizar estos procesos. A esto se añade otro dato: testimonios recabados durante la investigación indican que algunos vendedores de sangre llegarían a donar varias veces en períodos muy cortos, una práctica que puede implicar un riesgo tanto para el donante como para la seguridad transfusional. Matos calificó la donación remunerada como peligrosa porque una persona motivada por dinero puede ocultar antecedentes o condiciones de salud que deberían impedirle donar.
La sangre genera dinero mientras el país sufre escasez
El caso de CEDALAB revela un problema que va más allá de un único establecimiento: la existencia de un mercado alrededor de la sangre en un país donde la donación voluntaria sigue siendo insuficiente. La República Dominicana cuenta con 76 bancos de sangre autorizados: 45 privados y 31 públicos. La Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana es parte de este sistema y opera bajo protocolos destinados a garantizar la seguridad de las unidades. En este proceso, cada pinta de sangre requiere extracción, cribado, procesamiento, almacenamiento y trazabilidad. Solo el procesamiento de una unidad puede costar alrededor de RD$5,000, sin incluir gastos de personal y electricidad. El país enfrenta una necesidad estimada en casi 270,000 unidades de sangre al año, incluyendo la reserva estratégica. Sin embargo, la baja donación voluntaria mantiene al sistema dependiente, en parte, de donaciones remuneradas o de familiares que deben buscar sangre cuando un paciente necesita una transfusión. La situación también resalta las dificultades de acceso que enfrentan los pacientes y sus familias. Mientras tanto, las autoridades reconocen que existe una laguna legal para abordar específicamente el comercio de la sangre. El 13 de mayo, la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado, presidida por la senadora Lía Díaz, unificó tres iniciativas en un proyecto de ley que busca regular el sistema. Entre sus disposiciones contempla prohibir la donación remunerada, establecer sanciones y regular la importación y exportación de sangre. El proyecto parte de una realidad: el mercado de la sangre humana permanece insuficientemente regulado. Mientras la legislación avanza y la donación voluntaria sigue siendo insuficiente, persiste una pregunta fundamental: ¿cuántos establecimientos podrían estar operando fuera de los controles sanitarios? El caso de CEDALAB también plantea interrogantes sobre los años que permaneció en funcionamiento, la cantidad de unidades que pudo extraer y comercializar y, sobre todo, cuántas personas pudieron quedar expuestas a riesgos por recibir sangre procesada al margen de los protocolos establecidos.
