Un nuevo deceso en un centro de rehabilitación para adictos ha vuelto a poner en tela de juicio las operaciones y las condiciones de estas instituciones. Denuncias sugieren que muchos de estos establecimientos funcionan sin la autorización necesaria de las autoridades sanitarias, generando preocupación sobre la seguridad y el bienestar de los pacientes. Este incidente resalta la urgencia de una supervisión más rigurosa y transparente.
Un reciente fallecimiento en un establecimiento dedicado a la rehabilitación de personas con adicciones está provocando nuevamente cuestionamientos acerca del estado y la forma en que operan estas instituciones. Según reportajes de N Investiga, existen denuncias de que estos lugares funcionan sin la debida aprobación de las entidades de salud. Uno de los casos es el de José Franco Guerrero, de 25 años y originario de Baní, quien perdió la vida tras una estancia de seis meses en la Fundación Evangélica Ejército de Dios Rescatando al Caído, localizada en La Romana y bajo la dirección del pastor Junior Alexis Guerrero.
Los familiares de José afirman que, durante los primeros meses, él se encontraba en buen estado físico y mantenía una alimentación normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a recibir información de que había dejado de comer y que su salud empeoraba progresivamente. La familia asegura que, a pesar de sus inquietudes, desde el centro les aseguraban que el joven sí se estaba alimentando. Posteriormente, se les comunicó que José necesitaba sangre, por lo que enviaron dinero para una supuesta transfusión que, conforme a sus declaraciones, nunca se realizó.
Siempre de acuerdo con la versión de los parientes, más tarde se les informó que el dinero enviado se descontaría del pago por la permanencia de José en el centro. También se les comunicó que el joven padecía anemia, aparentemente por falta de nutrición. No obstante, sus familiares insisten en que nunca obtuvieron detalles médicos precisos sobre el diagnóstico, el tratamiento o la evolución de su estado. El 21 de agosto, en la mañana, la familia recibió una llamada indicando que José debía ser trasladado a un centro médico. Sin embargo, poco después, se les informó que ya había fallecido. La causa de muerte, según sus parientes, fue un paro respiratorio.
El caso de José Franco Guerrero ocurre pocos meses después de la muerte de Kelvin Alexander Mateo, de 24 años, quien falleció el 30 de abril mientras estaba internado en el mismo centro de rehabilitación de La Romana. En mayo, N Investiga presentó un informe sobre el incremento de los llamados “rescatadores”, individuos que entran a domicilios en busca de personas con problemas de adicción para llevarlas a supuestos centros de rehabilitación. En esa investigación, los familiares de Kelvin denunciaron supuestas irregularidades y cuestionaron la explicación brindada sobre su deceso. Una pariente relató que los responsables del centro les dijeron que el joven se había quitado la vida, aunque ella afirmó haber recibido versiones contradictorias sobre las circunstancias en que fue hallado. El reportaje también mostró al pastor relacionado con el centro, quien declinó hacer comentarios sobre el caso y las denuncias vinculadas al funcionamiento del establecimiento.
A estos dos fallecimientos se añade la muerte de Luis René Contreras Martínez, ocurrida el 10 de julio, mientras estaba ingresado en otro centro de rehabilitación llamado La Gloria es de Dios, ubicado en Boca de Yuma. Este establecimiento es propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, conocido como “El Rescatador”, y, según el reportaje, tampoco cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. El mismo día de su muerte, N Investiga recibió una denuncia que alegaba que Luis René habría sido víctima de maltrato y agresiones antes de fallecer. Casi tres semanas después, el programa confirmó oficialmente su identidad y que el joven sufrió una caída desde un camarote, lo que le causó un trauma craneoencefálico.
Las tres muertes, ocurridas en dos centros diferentes, han provocado nuevas preguntas sobre las condiciones en que operan estos establecimientos y la supervisión que reciben. Mientras los familiares buscan respuestas sobre las circunstancias en que murieron sus seres queridos, el fenómeno de los centros de rehabilitación sin autorización sigue en aumento en medio de la crisis de adicciones y la desesperación de las familias que buscan ayuda. Tres muertes, dos centros y múltiples interrogantes sobre la atención, las condiciones y los controles de lugares a los que muchas personas acuden buscando una segunda oportunidad, pero de los que, en algunos casos, nunca regresan con vida.
