El Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a cabo intervenciones este fin de semana, abordando construcciones ilegales que invaden zonas de protección. Las acciones incluyeron la demolición de una estructura, mientras que otra está bajo evaluación tras alcanzar un acuerdo. Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y proteger los recursos naturales del país.
En Santo Domingo, el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado durante el fin de semana en al menos tres propiedades ubicadas dentro de perímetros de seguridad. Algunas estructuras fueron derribadas, mientras que otra está siendo “evaluada” luego de que se llegara a convenios de seguimiento. Una de las construcciones sin permiso invadía parcialmente el área de resguardo del río Maimón, en la provincia Monseñor Nouel. Tras confirmarse mediante estudios técnicos que la obra se hallaba dentro del espacio de protección fluvial establecido, se procedió a su demolición.
El estudio técnico efectuado reveló que tres de los seis puntos cardinales de la edificación irregular se encontraban dentro de los 30 metros designados para la preservación del río. El expediente también documenta que las labores habían sido detenidas previamente por las autoridades ambientales y que, posteriormente, se verificó que los trabajos continuaban. Los registros de actuaciones muestran intervenciones desde agosto de 2025 y nuevas paralizaciones durante 2026, antes de la operación realizada esta semana.
En el segundo caso, los expertos identificaron otra construcción ilegal en fase de edificación que afectaba la franja de protección del río, por lo que se implementaron las acciones pertinentes basándose en los hallazgos de la inspección. Por otro lado, en Las Guazaras, Jarabacoa, se intervino una villa turística en una operación que involucró a aproximadamente 50 agentes del Departamento de Fiscalización Ambiental para inspeccionar una edificación cercana a la orilla del río Yaque del Norte.
Los funcionarios permanecieron varias horas en el lugar, esperando equipos para comenzar el desmantelamiento de las instalaciones turísticas. Sin embargo, la institución habría llegado a un supuesto acuerdo con los abogados de los dueños de la villa. Según lo pactado, el proyecto será sometido a un proceso de revisión y análisis por parte de las autoridades para determinar su aprobación o rechazo, siempre y cuando los propietarios cumplan con todos los requisitos del Ministerio de Medio Ambiente.
