Una nueva legislación en materia de juegos de azar, aprobada por la Cámara de Diputados, establecerá un Registro Nacional de Autoexclusión, permitiendo a los ciudadanos restringir voluntariamente su acceso a las apuestas. La ley también prohíbe los créditos para jugar y destinará un 10% de las multas impuestas al sector a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía, reforzando el compromiso con la salud mental.
El proyecto de ley que regula los juegos de azar, el cual recibió la aprobación de la Cámara de Diputados, contempla la creación del Registro Nacional de Autoexclusión. Esta herramienta permitirá a cualquier individuo inscribirse de forma voluntaria para que se le impida el acceso a actividades de apuestas en todo el territorio nacional. Según lo establecido en el artículo 38, la inscripción será sin costo, podrá efectuarse de manera presencial o digital, y tendrá una validez mínima de seis meses. Los operadores de juegos de azar tendrán la obligación de consultar este registro antes de permitir el ingreso, abrir una cuenta o procesar el pago de un premio, y no podrán dirigir publicidad ni ofrecer bonificaciones a las personas registradas. Esta medida legal y tecnológica posibilitará que cualquier ciudadano se registre voluntariamente para que se le deniegue de manera estricta la entrada a los juegos de azar en todo el país. Conforme al artículo 38 de la propuesta, el registro en esta plataforma será totalmente gratuito, podrá gestionarse tanto en persona como por medios electrónicos, y su duración mínima será de medio año. Una vez implementada, las empresas del sector de juegos de azar deberán consultar la base de datos antes de permitir el acceso a sus instalaciones, crear una cuenta en línea o entregar un premio. Adicionalmente, tendrán prohibido enviar campañas publicitarias o promociones a los usuarios inscritos.
La esencia de este mecanismo no reside en una prohibición impuesta por el Estado, sino en el apoyo a la decisión individual del ciudadano. Al registrarse, el Estado asegura que su elección sea vinculante y de cumplimiento obligatorio para los operadores. De esta forma, la responsabilidad legal y la obligación de verificación recaen exclusivamente en la empresa del sector, protegiendo activamente a las personas que luchan contra una adicción.
Protección financiera y veto a los créditos
Para prevenir el endeudamiento de los participantes, el artículo 30 de la normativa prohíbe de forma explícita a los establecimientos y a sus empresas vinculadas otorgar préstamos o créditos con el fin de continuar apostando. Asimismo, se impide la aceptación de bienes, valores o acciones como forma de pago.
Fondos garantizados para la salud mental
En el ámbito de la salud pública, el artículo 170 establece un importante avance financiero: el 10% del monto total recaudado por las multas impuestas al sector se destinará exclusivamente a iniciativas de prevención, atención y tratamiento de la ludopatía. Estos recursos serán administrados en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como complemento inmediato, el artículo 34 dispone la creación de una línea telefónica gratuita de atención continua, que estará a cargo de profesionales cualificados en salud mental.
