Amazon está siendo demandada en Estados Unidos por cuatro exempleadas que acusan a la compañía de penalizarlas o despedirlas tras solicitar adaptaciones durante sus embarazos. La demanda, presentada en un tribunal federal de Brooklyn, busca representar a trabajadoras embarazadas de Amazon en todo el país, destacando una tensión entre la productividad de los almacenes y las obligaciones legales hacia estas empleadas. La empresa niega las acusaciones, afirmando que aprueba la mayoría de las solicitudes de adaptación.
Amazon se enfrenta a una acción legal colectiva en Estados Unidos, la cual cuestiona el manejo de las necesidades de sus trabajadoras gestantes. Cuatro exempleadas de almacenes alegan haber sido sancionadas o despedidas después de pedir ajustes vinculados a sus embarazos. La demanda fue interpuesta ante un juzgado federal en Brooklyn y busca amparar a trabajadoras embarazadas de Amazon a nivel nacional.
Las demandantes argumentan que la empresa les denegó o complicó el acceso a medidas que consideran fundamentales, como la posibilidad de sentarse durante la jornada, disponer de descansos adicionales para ir al baño o beber agua, limitar el levantamiento de cargas pesadas y ausentarse para citas prenatales. El proceso judicial pone de manifiesto la fricción entre las exigencias de rendimiento de los grandes centros de distribución y las responsabilidades legales de los empleadores hacia las trabajadoras en estado de gestación.
Una de las afectadas, Jennifer Hatch, sostiene que Amazon rechazó las indicaciones médicas para asignarle labores menos exigentes y, posteriormente, finalizó su contrato laboral por supuestas infracciones de asistencia, luego de que ella tuviera que acudir a un hospital. Otra demandante, Willamina Barclay, asegura que fue despedida tras una emergencia médica relacionada con su embarazo. Estas son afirmaciones contenidas en la demanda y serán evaluadas durante el curso del proceso judicial.
El reclamo se fundamenta en la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (Pregnant Workers Fairness Act), una legislación federal aprobada en 2022 y efectiva desde junio de 2023, que exige a ciertos empleadores ofrecer ajustes razonables a trabajadoras con limitaciones derivadas del embarazo, el parto o condiciones médicas asociadas, a menos que tal medida represente una dificultad excesiva para la empresa. La ley contempla, entre otras posibilidades, modificaciones razonables en las condiciones de trabajo cuando sean necesarias debido al embarazo. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) es el organismo federal encargado de asegurar el cumplimiento de estas disposiciones.
La compañía niega que las vivencias descritas por las demandantes reflejen su política general. Amazon declaró que durante el último año aprobó más del 99.9% de las solicitudes de adaptaciones relacionadas con el embarazo, y su portavoz Kelly Nantel sostuvo que los relatos incluidos en la demanda contienen inexactitudes y omiten detalles relevantes.
Sin embargo, este caso no surge de forma aislada. Amazon ya ha sido objeto de investigaciones y cuestionamientos relacionados con el trato a empleados que solicitan adaptaciones laborales, incluyendo acciones de autoridades estatales y señalamientos ante organismos federales. Una investigación del Senado estadounidense también documentó previamente testimonios de trabajadoras embarazadas que denunciaron dificultades para obtener adaptaciones, exigencias de documentación médica y asignaciones de tareas físicamente incompatibles con sus condiciones.
La demanda actual solicita compensaciones económicas, incluyendo salarios y beneficios no percibidos, además de posibles daños punitivos y modificaciones en las prácticas de la compañía.
